Hemos proclamado en esta columna que en la actual coyuntura las prioridades del país son la lucha contra la pandemia, que va más allá de la vacunación, y la reactivación de la economía nacional, que comprende la dinamización del aparato productivo, la generación de empleos formales con salarios dignos y la reducción de la pobreza y desigualdades sociales. Por ello queremos comentar y criticar desde un proceso de diálogo democrático y constructivo la ausencia de una estrategia comunicacional por parte de un gobierno que se autoproclama “del encuentro” y la desconfianza pública expresada por el ministro de Trabajo con sus vacilaciones, silencios e incoherencias en las entrevistas que ha realizado sobre ese instrumento taumatúrgico, el santo grial, denominado “megaproyecto de ley creando oportunidades”. Llama mucho la atención que el régimen por tercera ocasión, en cuatro meses de gobierno, no haya puesto en consideración de la ciudadanía sus proyectos de leyes enviados, o entregado, o a entregarse a la Asamblea; y se argumente por parte de voceros, como el ministro Donoso, que “se han celebrado alrededor de 100 mesas de trabajo”, casi de manera secreta, ya que los medios de comunicación no han reseñado sobre los asistentes y los temas tratados en estas. ¿De qué manera el régimen promueve la participación social en la formulación y aprobación de leyes en una república democrática? ¿Cómo se está impulsando la cultura política de los ciudadanos desde el Estado? ¿Se teme a algo o hay algo escondido? Todos los proyectos de ley deben ser previamente difundidos a nivel nacional por parte del gobierno antes de enviarlos al poder Legislativo para su discusión y aprobación; con la expansión y profundización del diálogo social y democrático se minimizan la fragmentación y la polarización resultante de los conflictos políticos y electorales. Se enriquecen las propuestas con los aportes de expertos de la sociedad civil y academia; se fortalecen el nivel dialogal y calidad de la oposición democrática y facilita la construcción de acuerdos colectivos y consensos políticos, para la edificación de sólidas políticas públicas anticrisis.