El poder Legislativo ha manifestado la voluntad de dejar de ser un “mirón de palo” en la aprobación y manejo del Presupuesto del Estado. Un proyecto presentado por la anterior Asamblea a la CC para ser calificado mereció un contundente rechazo por pretender invadir campos que, constitucionalmente, no forman parte del mandato parlamentario.

La Constitución de 1978 otorgaba una partida para los diputados en las denominadas Obras de Interés Provincial. Estas eran seleccionadas por los legisladores y presentadas al Ministerio de Finanzas para su ejecución por intermedio de los entes respectivos, fueren ministerios, municipios u otras entidades ejecutoras. La idea resultó ser tan mala y poco edificante que fue abandonada y se desterró la presencia de legisladores en el quehacer presupuestario.

La Economía no es una disciplina en que se puede improvisar para construir proyecciones rígidas que son manipuladas por el interés político. Atar, por ejemplo, al presupuesto de educación, salud o seguridad al PIB no tiene presentación, como no la tiene el pretender tener al ministro de Finanzas de rehén de la Legislatura porque el presupuesto está sujeto a la intromisión de los intereses creados. El PIB es la medida del valor agregado en la economía en un año, o, dicho de otra forma, la producción que se genera desde los diferentes ámbitos del consumo, inversión y comercio, tanto del gobierno como de los hogares y del sector productivo. Vincular el gasto al PIB invierte el orden lógico de causa y efecto pues este último es el resultado, entre otros, del gasto gubernamental y no al revés, como lo propone la regla de la preasignación. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si el PIB decrece, como lo hizo el año pasado, y recién volverá a los niveles de 2017 hacia mediados de este gobierno según sus propias proyecciones?

La Asamblea carece de capacidad analítica institucional en materia económica, y preasignar recursos es un vicio de simpleza con serias consecuencias sobre el déficit fiscal. La prueba, en números simples, resulta de la suma de lo preasignado respecto del PIB: para Educación y Universidades el 7 %, Salud el 4 %; a ello hay que sumarle 4 % propuesto para seguridad, 3 % para el resto de los ministerios, 2 % en otras macrocuentas del PGE, 2 % neto en combustibles, 7 % que corresponde a transferencias, y 9 % para el pago de las deudas.

Usando cifras del PGE 2020 sobre los valores asignados más los valores preasignados, el gasto proyectado sería del 38 % del PIB, esto es, $ 38.000 millones, y nos devolvería al dispendio que originó la actual crisis. Cualquier monto por encima de $ 25.000 millones (25 % del PIB) se escribe “con tinta roja” y abona al déficit; además, es la causa del bajo crecimiento económico y de la falta de capacidad para generar empleo. Frente a esta realidad, la ley de impuestos, que aspira a recaudar 0,8 % anual, aparte de contrariar la buena economía y extraer recursos en el peor momento, es un saludo a la bandera, como lo fueron las reformas tributarias de Correa y Moreno.

El mal de la República es el avasallamiento de la economía por la politiquería populista. El intento del legislador carece de fundamento jurídico, como ya lo pronunció la CC. Pero, más que eso, es una propuesta contraria al interés de los ecuatorianos.