Eduardo Carmigniani | Regulación financiera
Que los designados tengan capacidad técnica y fuerza moral para liderar los cambios normativos que resultan indispensables
La Ley de Integridad Pública, que fue ya publicada ayer 25 de junio en el Registro Oficial, unifica las funciones regulatorias que tenían tanto la Junta Monetaria como la Junta Financiera. Dispone además que cesen las funciones de los actuales integrantes de esos organismos y que el presidente de la República presente, para aprobación del Legislativo, la lista de cinco personas que deben conformar la nueva y unificada Junta Monetaria y Financiera. Plausible. Pero es de esperar que los designados tengan no solo la capacidad técnica sino también la fuerza moral para liderar los cambios normativos que resultan indispensables para la modernización del sistema financiero y la reactivación de la economía.
Por ejemplo, sobre esto último, desanclando el sistema de tasas de interés para alentar el financiamiento hipotecario de viviendas, promoviendo en esa forma la industria de la construcción, que genera miles de empleos. Los reguladores actuales no han tenido, digamos el coraje, de dar ese paso.
Esa misma ley, ya vigente, asigna a la nueva Junta Monetaria y Financiera una delicada tarea, que va a tener que ser ejercida con la máxima prudencia: “Previo el desarrollo de los análisis de interconexión y riesgo sistémico” debe pasar a emitir las regulaciones que resulten necesarias “para identificar las cooperativas… …que deben transformarse en sociedades anónimas del sector financiero privado, bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancos”. Eso, “con la finalidad de proteger los ahorros y aportes de la ciudadanía de las localidades [y] preservar la estabilidad financiera” (disposición transitoria 11ª).
Consejo no pedido: la regulación que se dicte debiera permitir que las cooperativas a transformarse puedan -con las debidas aceptaciones claro está- pasar de inmediato a formar parte de un grupo financiero privado, cuya liquidez y solvencia haga viable su permanencia en el tiempo, cumpliendo así la finalidad declarada de la ley, que no solo es proteger los ahorros sino fortalecer el actual sistema cooperativo, tal como se lee en sus considerandos.
