Institucionalidad bajo ataque
Mientras los políticos mañosos sigan con sus manos metidas en las instituciones, el panorama seguirá siendo el mismo e incluso peor
La institucionalidad del Ecuador está bajo ataque. Mientras en las calles se baten a plomo por controlar espacios de poder para la venta de drogas, en las instituciones del país se pelean por otros nichos de control también importantes que -como no se cuentan por número de muertos- pasan desapercibidos para los ciudadanos.
La crisis ahondada por el nauseabundo reparto de la justicia entre el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, y su mayoría, es un clarísimo ejemplo, y al que se suma el evidente intento del Consejo de Participación Ciudadana, maquillado con una acción de protección de un juez de bolsillo, para volver a meter sus narices en actuaciones blindadas por la Corte Constitucional y el pueblo en las urnas.
Respetar la institucionalidad y fortalecerla es tan importante como la lucha contra el narcotráfico. La desconfianza ciudadana en sus instituciones es peligrosa. Crea un ambiente de pesadumbre, de que estas responden a unos cuantos que las manejan en función de sus intereses personales y no de los ciudadanos, como debería ser.
Esta aprensión crea una fotografía negativa del país hacia afuera, lo que puede repercutir en serias dificultades para atraer inversiones extranjeras que puedan traducirse en más empleo para los ecuatorianos. Y menos plazas de trabajo se traducen en un incremento del universo de desempleados; de ellos, muchos encontrarán en la migración una opción para vivir mejor, con trabajo, alejados de la inseguridad y de las peleas de los políticos.
Las instituciones no son malas -salvo algunas excepciones cuya existencia no se justifica-; son malos quienes las administran. La justicia requiere una reforma profunda, totalmente alejada de la mano de los políticos. Con servidores judiciales de carrera que entiendan que se deben a los ciudadanos, quienes al fin y al cabo somos quienes pagamos sus sueldos con nuestros impuestos, y no a los políticos, que ahora están y mañana ya no.
Mientras los políticos mañosos sigan con sus manos metidas en las instituciones, y la ciudadanía junto con sus autoridades miren sin reaccionar, el panorama seguirá siendo el mismo e incluso peor, porque se sentirán aupados por el silencio. Si no exigimos respeto a la institucionalidad, luego no nos quejemos.
