Problemas históricos y desafíos del abastecimiento de agua en Bahía de Caráquez

En diciembre de 2015 la ciudadanía del cantón Sucre conoció la aprobación de un financiamiento de $ 14,4 millones para construir una nueva planta de agua potable destinada a abastecer a Bahía de Caráquez, San Vicente y partes altas de Tosagua, con recursos de reconstrucción posteriores al terremoto de 2016, gestionados por los alcaldes de los cantones beneficiarios. En marzo de 2023 se socializó un proyecto de abastecimiento para Bahía de Caráquez y Leonidas Plaza, considerado una solución esperada durante años. La captación estaría en el río Carrizal, cerca del Puente Larrea, y contó con aprobación del Banco del Estado. En ese momento se reconoció que el Municipio de Sucre no tenía capacidad de endeudamiento, por lo que se buscaron otros mecanismos de financiamiento.

El proyecto, impulsado por la administración anterior, bajo la intervención técnica del entonces Consorcio Sucre Progresa, hoy Grupo Concretus, ha sido modificado sin alterar su objetivo principal. Los cambios incluyen un rediseño de la planta de tratamiento, una variante en la conducción principal y una obra de protección en el tanque de distribución de La Atravezada, además de ampliar la población beneficiaria.

Propuesta de gestión estratégica privada

Estas complementaciones se realizaron en el marco de la Empresa Mancomunada EMMAP-EP, encargada de gestionar la construcción y posterior distribución del agua. Sin embargo, considero que esto representa un despropósito, pues dicha empresa ha sido señalada durante años como responsable de la falta de agua potable, especialmente en Bahía de Caráquez, debido a una percepción generalizada de falta de capacidad técnica, corrupción y manejo político. Así, pese al financiamiento esperado por años, existe el riesgo de repetir los mismos problemas históricos: antes el agua se distribuía en burros y hoy en tanqueros, mientras el servicio por tuberías deterioradas sigue siendo excepcional.

Como se ha señalado anteriormente, resulta indispensable escoger, dentro del marco legal, un aliado estratégico privado mediante un contrato de prestación de servicios que asuma la administración del sistema, así como la distribución, comercialización y cobranza. Las municipalidades, por su parte, regularían tarifas y velarían por el cumplimiento contractual.

Jacinto Rivero Solórzano