Nueva Ley de Educación Financiera en Ecuador: ¿solución al uso irresponsable del crédito?

Acaba de ser aprobada la Ley Orgánica de Educación Financiera, que más allá de un nuevo texto legal, busca generar un marco jurídico para que la educación financiera sea parte fundamental no solo de la enseñanza, sino también de la práctica diaria de los ecuatorianos. Es conocido que el ciudadano tiene altos niveles de endeudamiento a través del uso de tarjetas de crédito (en algunos casos hasta cinco o seis), con sobreendeudamiento derivado de no tener las bases para usar racionalmente el dinero y el crédito, y pensar que contar con una tarjeta es tener un ‘cheque en blanco’, olvidando sus responsabilidades.

Responsabilidad compartida: ciudadanos y sistema financiero

No solo atañe al ciudadano, sino también a la banca, que en muchas ocasiones no observa si quien recibe un producto financiero tiene capacidad para cumplir sus acreencias, llevando a una espiral de deuda tras deuda, cubriendo obligaciones antiguas con nuevas, sin solucionar el problema y trasladándolo en el tiempo, generando situaciones socioemocionales complejas como depresión, deterioro de la salud, insomnio e incluso ruptura familiar.

Educación financiera desde las aulas y la vida cotidiana

Ahora bien, la existencia de esta ley no significa que el problema se resuelva, pero sienta bases para que los ciudadanos administren mejor su dinero (incluso en contextos volátiles), fomenten el ahorro y la inversión, eviten el sobreendeudamiento y tomen decisiones responsables. Para ello, debe integrarse en todo el sistema educativo (desde el nivel inicial hasta la educación superior) con contenidos que permitan entender las finanzas personales, el uso responsable del crédito, la prevención de fraudes y estafas, el uso seguro de plataformas digitales, la protección de datos y otros riesgos asociados al uso inadecuado de la tecnología.

Un cambio generacional necesario

Esperemos que esta estrategia nacional esté coordinada entre actores educativos y el sistema financiero para lograr mayor inclusión de grupos vulnerables, adultos mayores y la población en general. Cambios de estas características no serán inmediatos; probablemente en una generación (15 años) se verán resultados. Pero, si no sembramos ahora, ¿cuándo cosecharemos?

Jorge Calderón Salazar