Mediocridad institucional

Quienes defienden las tesis de no explotarlo, entiendo que no tienen información suficiente sobre el daño económico para un país que tiene muchos aprietos sin resolver, pese a que hay demandas represadas de los sectores más pobres, convencidos -como los miembros de la Corte Constitucional- de que felizmente “no tenemos necesidades urgentes”, por lo que la dotación de facilidades al sector privado y más recursos al sector público pueden esperar, según la famosa dependencia.

En el caso del no aprovechamiento del petróleo de dicha zona, lastimosamente se están olvidando de que el Estado con tal decisión se estaría afectando en unos $. 1.200 millones anuales, según estimaciones de Petroecuador, pero adicionalmente tendría que incurrirse en gastos enormes por el desmantelamiento de toda la infraestructura, que habría costado casi $. 2.000 millones, sin contar el daño a unos 1.000 habitantes de la zona al perder trabajo en forma directa e indirecta, afectándose el cantón Aguarico por la disminución de pequeñas actividades y, posiblemente, dejar de recibir de Petroecuador el apoyo económico para el funcionamiento de los centros de salud y de educación, según lo declara el alcalde.

Lo criticable es que el Gobierno en este, como en todos los casos, está dormido esperando que la ciudadanía defienda la explotación, pues la única declaración que ha hecho el presidente al respecto es que la eventual disminución de recursos, se podría compensar eliminando algunos subsidios a los combustibles, cuando lo necesario es que el gerente de Petroecuador debería estar ocupando todos los medios de comunicación para destacar que con las técnicas actuales ya no hay derrames, porque ya no hay piscinas como en la época en que la actividad estaba a cargo de Texaco y Chevron. Todas estas preocupaciones resultarían pequeñas al lado de los daños que tendríamos que soportar con la venida del fenómeno de El Niño, los cuales según la última publicación de Vistazo, implicarían tener que reparar unas 165.000 viviendas eventualmente afectadas y atender una población damnificada de unas 644.000 personas, además los daños de 1983 habrían llegado a más de $.1.000 millones y los de 1998 a casi $. 2.900 millones. Increíblemente, en esta preocupante situación algunos patriotas quieren restarle millonarios recursos al fisco. ¡Qué pena que en los momentos de decisiones importantes no tengamos presidente.

Iván Escobar Cisneros