La lucha contra la corrupción exige respetar la independencia judicial

Esta semana la Fiscalía realizó allanamientos contra varios jueces de la Corte Nacional, investigados por presuntamente haber cobrado a cambio de sentencias. El ministro del Interior, conocido por sus frases contundentes, afirmó: “nadie es intocable; o se enderezan o van presos”.

En lo primero no hay discusión: un juez que vende un fallo comete una de las traiciones más graves contra su deber y contra la sociedad. Convierte la justicia en mercancía y deja indefenso a quien confió en ella. La corrupción judicial debe investigarse y, cuando corresponda, sancionarse con todo el peso de la ley.

El debido proceso no puede reemplazarse por declaraciones políticas

El problema está en otro punto: entre investigar a un juez y que un ministro anuncie que ese juez irá preso existe una enorme distancia.

Un allanamiento no es una condena, una investigación tampoco. Cuando un funcionario del Ejecutivo anticipa el resultado de un proceso, invierte la regla que protege a todos: primero se demuestra la responsabilidad en un juicio y luego se sanciona.

También está en juego la independencia judicial. La frase “enderécense o van presos” puede entenderse como un llamado a no ser corruptos, pero también puede interpretarse como una advertencia para que los jueces fallen según lo que el poder espera. Un juez que teme decidir contra el gobierno de turno deja de actuar con independencia y se convierte en un funcionario condicionado. Y eso perjudica especialmente al ciudadano que necesita justicia frente al poder.

Combatir la corrupción y defender la independencia judicial no son ideas opuestas; son parte de la misma causa. Un juez corrupto debe ser investigado y sancionado mediante un sistema serio, no por una declaración anticipada. Proteger el debido proceso no es proteger al corrupto: es proteger el mecanismo que permite distinguir entre quien es culpable y quien es inocente.

Leonel González Vallejo