La justicia le sonríe a Abdalá Bucaram: cuatro juicios, 29 años de litigios y ninguna sentencia

A casi tres décadas de su intempestiva salida del poder, el historial judicial del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz se resume en una paradoja: juicios abiertos, extradiciones esquivadas y una impunidad que atraviesa el tiempo.

Pese a la gravedad de las imputaciones, la justicia ecuatoriana no ha logrado o no ha querido emitir una sola sentencia, ya sea que determine su responsabilidad o confirme su inocencia.

Un recorrido cronológico por las causas penales más emblemáticas de su trayectoria evidencia cómo la prescripción, las dilataciones procesales y las falencias del sistema convirtieron los acusatorios en expedientes sin resolución de fondo.

1997: La Mochila Escolar, el fraude inicial que prescribió

En 1996, el programa bandera del régimen bucaramista prometió entregar millones de mochilas con útiles a niños pobres. Sin embargo, el contrato adjudicado a la empresa Promotora Agropecuaria del Guayas (Proagrain) por cerca de 40 millones de dólares se transformó en un presunto esquema de sobreprecio y adjudicación a dedo.

Tras el derrocamiento de Bucaram en febrero de 1997, la investigación penal derivó en una orden de prisión preventiva que llevó al expresidente a fijar su residencia en Panamá. El proceso permaneció congelado durante 20 años bajo las reglas del antiguo Código de Procedimiento Penal, las cuales impedían el juzgamiento en ausencia.

En abril de 2017, al cumplirse los 20 años que fijaba la ley para la extinción de la acción penal en casos de peculado cometidos bajo el marco constitucional de 1979, la Corte Nacional de Justicia declaró la prescripción del proceso. Bucaram retornó al país libre de condena y el monto de perjuicio, 40 millones de dólares, nunca fue restituido.

1997: Gastos Reservados, el retiro de millones en sacos de yute

De forma paralela al caso de las mochilas, la Fiscalía imputó a Bucaram en 1997 por el desvío de más de 11.000 millones de sucres de la época, procedentes de la partida de Gastos Reservados de la Presidencia de la República. Según los registros de la causa, la extracción de los fondos desde el Banco Central ocurrió pocos días antes de su caída del poder.

A pesar de que los informes de contraloría y los testimonios de exfuncionarios del Banco Central detallaron el traslado de caudales en efectivo a residencias particulares, este juicio corrió la misma suerte que el anterior. La paralización del expediente debido al asilo político en Panamá obligó a los juzgadores a declarar la prescripción de la causa en abril de 2017, lo que cerró toda posibilidad de un pronunciamiento sobre la culpabilidad del acusado.

Junio de 2020: Pruebas COVID-19, la trama de insumos en la emergencia sanitaria

En junio de 2020, durante el pico de la pandemia por coronavirus en Guayaquil, la Fiscalía General del Estado ejecutó un allanamiento en el domicilio de Bucaram. La diligencia formó parte de las pesquisas por presunta delincuencia organizada en la compra irregular de insumos médicos, específicamente en la adquisición de pruebas diagnósticas.

Aunque las autoridades formalizaron la acusación contra el exmandatario y su hijo, Jacobo Bucaram, por presunta delincuencia organizada, el trámite procesal acumuló aplazamientos, suspensiones de audiencias y trabas técnicas.

Solo la audiencia de juzgamiento ha tomado cinco años y varios diferimientos. Hasta la fecha, el proceso se mantiene en un limbo jurídico mediante continuos diferimientos.

Junio de 2020: Tenencia ilegal de armas, un récord de suspensiones

Durante la misma incursión policial de junio de 2020 en su vivienda en Guayaquil, los agentes encontraron un arma de fuego calibre .44 sin los permisos de tenencia ni porte, además de municiones, según la Fiscalía. El hallazgo motivó la apertura de un proceso penal bajo el artículo 362 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) por tráfico e ilícito almacenamiento de armas.

El camino hacia la etapa de juzgamiento se convirtió en un laberinto de dilaciones. Entre septiembre de 2024 y junio de 2026, el expediente registró siete diferimientos y convocatorias fallidas: dos por incomparecencia de Bucaram o su defensa, dos por pedidos de aplazamiento de la propia Fiscalía, dos por solicitudes de la defensa y uno por cruce de agendas del Tribunal.

Cuando el Tribunal de Garantías Penales finalmente logró instalar la audiencia el 22 de junio de 2026, donde escuchó los alegatos iniciales y receptó dos testimonios, la diligencia sufrió una octava interrupción tras ser suspendida por un nuevo cruce de agenda judicial. La causa continúa paralizada a la espera de un nuevo señalamiento.

El riesgo inminente de la prescripción

La suma de estos cuatro expedientes muestra un patrón recurrente en el aparato judicial ecuatoriano: tramas complejas de corrupción que terminan diluidas por el paso del tiempo. Mientras los casos de la Mochila Escolar y los Gastos Reservados quedaron en la impunidad tras cumplir su ciclo de 20 años en el olvido, los procesos iniciados en 2020 por las Pruebas COVID-19 y la tenencia de armas avanzan a paso lento hacia el mismo destino.