La designación de un nuevo juez frente a la ausencia definitiva de otro es exclusiva del Consejo de la Judicatura.

Se hace notar en una providencia emitida por el tribunal de Garantías Penitenciarias del Complejo Judicial Norte que debe instalar el juicio por presunta delincuencia organizada seguido en contra del expresidente Abdalá Bucaram y otros.

En la providencia se señala que en diciembre de 2022 renunció la jueza Silvana Velasco. Ella era la ponente del tribunal integrado también por Ivón Vásquez y Pablo Coello. Al 13 de junio la designación solicitada a la Judicatura no se había producido “generando inconvenientes y retrasos no solo en esta causa”, señala el auto emitido por esa instancia.

El tribunal dispuso que se realicen las gestiones necesarias para nombrar el reemplazo definitivo de la juzgadora, pedido remitido en un oficio del 6 de junio. Esa ausencia motivó que un nuevo señalamiento de juicio para Bucaram, su hijo Jacobo y otros quedó en el limbo y “se atenderá de forma oportuna una vez que se nombre al juez o titular del despacho que conforme de forma definitiva el Tribunal”, dice en el documento.

El Consejo de la Judicatura, en respuesta a un pedido de información de EXPRESO, señaló que “se encuentra en busca del financiamiento necesario para atender esta y otras necesidades que están pendientes de resolver por la falta de asignación de recursos económicos por parte del Ministerio de Finanzas”.

Ese organismo añadió que la necesidad de jueces en el país es abrumante. Indicó que para 2017 se tenía un indicador óptimo de 11,58 jueces por cada 100.000 habitantes y para 2023 “tenemos 10,54 jueces por cada 100.000 habitantes, considerando que, en los últimos cinco años, la población se ha incrementado y, por ende, la demanda de los servicios de justicia también”.

La Judicatura añadió que el país no necesita únicamente jueces en Pichincha y que hay unidades judiciales en estado crítico a escala nacional que tienen jueces que no pueden compartir con su familias porque mantienen jornadas extendidas de trabajo los siete días de la semana.

Anunció que ese organismo ha generado una serie de acciones para exigir al Ministerio de Finanzas la asignación de recursos necesarios para alcanzar el número óptimo de jueces.

Finalmente precisó que actualmente, el número óptimo de jueces es 2.618 y el Consejo de la Judicatura tiene una brecha de 692 funcionarios, es decir, de más del 25 % de lo requerido. Ofreció que prestará especial atención al caso y generará una solución efectiva que garantice el acceso de la ciudadanía al servicio judicial.

Es que en octubre se cumplirán dos años de que el expediente llegó al tribunal de garantías penales para su sorteo y juicio. La causa fue abierta para investigar la negociación, posiblemente irregular, de pruebas rápidas para diagnosticar COVID-19 durante la pandemia en 2020.

El 11 de octubre de 2021 el sorteo recayó en manos de Silvana Velasco (ponente) cuya ausencia se pone como justificación para la falta de trámite y señalamiento de audiencia. El primer intento por instalar la audiencia de juzgamiento se fijó para el 18, 19, 20 y 28 de octubre de 2021 y el último estaba fijado para los primeros días de junio pasado.

El tribunal tenía previsto escuchar a 40 testigos diariamente de los más de 500 anunciados por la Fiscalía y las partes. Pero no solo la falta de juez ha retardado el trámite y juzgamiento. Las complicaciones en la salud del expresidente que han motivado disposiciones médicas de reposo y los incidentes presentados han abonado en que más de dos años después no existan definiciones.

EXPRESO buscó el comentario de defensores del expresidente y de otros procesados en el caso, pero hasta el cierre de la edición no hubo respuesta.

Los procesados son Bucaram y su hijo Jacobo, Sheinam Oren, entre otros. José Moreno, defensor en el caso, confirmó que porque la Judicatura no designa al juez “no se puede instalar la audiencia”.

En la última sesión del pleno del Consejo el pasado sábado 1 de julio no abordó el nombramiento de ese juez requerido en el caso Bucaram, sin embargo, resolvió otorgar nombramientos provisionales a 255 servidores administrativos jurisdiccionales que desde los periodos 2013-2017 venían laborando en las unidades judiciales del país con contratos ocasionales.

El detalle

Acciones. La Judicatura informó que no se necesitan solo jueces en Pichincha sino en unidades judiciales que se encuentran en estado crítico.