La Corte Constitucional intenta que los casos Manglaralto, Montecristi, Quevedo, Quinindé y otros no se vuelvan a repetir.

Este 8 de junio de 2023, la entidad analizó una acción de protección concedida en ambas instancias en contra del Banco Central. La Corte revocó las decisiones revisadas después de concluir que existió una desnaturalización de la acción de protección al habérsela concedido en contra de una decisión jurisdiccional adoptada en un proceso penal. Además, concluyó que el juez ejecutor se extralimitó en sus competencias al reformar ilegalmente la sentencia de segunda instancia para extender sus efectos a personas no contempladas en ella.

En ese contexto, la Corte Constitucional se pronunció sobre las consecuencias jurídicas que acarrean las conductas analizadas en el caso en concreto.

Su decisión fue declarar el abuso del derecho de los peticionarios y su abogado defensor, “por presentar una acción de protección que desnaturalizó su objeto con ánimo de causar daño”.

Declaró el error inexcusable de los jueces que tomaron las decisiones revocadas. Por lo que el Consejo de la Judicatura debe iniciar un proceso penal para destituirlos de la Función Judicial.

“Consideró necesario determinar si las conductas judiciales revisadas pueden subsumirse en el delito de prevaricato. Para ello, la Corte analizó el alcance de la interpretación conforme del artículo 268 del COIP realizada en la sentencia 141-18-SEP-CC expedida en 2018. La Corte verificó que dicha sentencia no excluyó la posibilidad de que los jueces constitucionales de la Función Judicial sean procesados por el delito de prevaricato cuando tramitan o resuelven garantías jurisdiccionales violando normas procesales expresas, como ocurrió en el caso concreto”.

“Se acabó la feria de acciones de protección y habeas corpus delirantes. La Corte Constitucional a través de esta decisión deja en claro que los jueces de la función judicial que actúan en materia constitucional, no sólo que pueden ser procesados penalmente por prevaricato, sino que nunca se excluyó esta posibilidad”, explicó Ramiro García, expresidente del Colegio de Abogados de Pichincha.

La Corte Constitucional reconoció que el caso bajo análisis “se inscribe en un fenómeno más amplio de abuso y desnaturalización de las garantías jurisdiccionales, que ha llevado a que se dicten sentencias y resoluciones abiertamente contrarias a la Constitución y a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional”.

Esta conducta constituye un fraude a la confianza que la Constitución depositó en los juzgadores.

A través de acciones de protección, los jueces han ordenado la liberación de cabecillas de organizaciones narco delictivas, altos exfuncionarios sentenciados por corrupción, asesinos y violadores.