Libertad de expresión y seguridad: los desafíos de la política de convivencia

La política de convivencia impulsada por el Gobierno presenta más errores que aciertos. Uno de ellos puede entenderse a partir de la paradoja de la tolerancia formulada por Karl Popper: una sociedad verdaderamente abierta debe reservarse el derecho de negar la tolerancia a quienes promueven la intolerancia.

En la misma línea, el entonces cardenal Joseph Ratzinger, futuro Benedicto XVI, afirmó durante un diálogo con el filósofo Jürgen Habermas en 2004 que la tarea de la política consiste en someter el poder al control de la ley para garantizar un uso razonable de este. La ley, como expresión de la voluntad soberana, debe limitar los excesos del poder.

Ratzinger advertía que no debe imponerse la ley del más fuerte, sino la fuerza de la ley. Incluso una norma aprobada por mayoría puede ser injusta si vulnera principios fundamentales. Por ello, sostenía que el poder sometido a la ley es el polo opuesto de la violencia, entendida como el ejercicio del poder al margen del derecho o en abierta violación de este.

Surge entonces una pregunta inevitable: ¿cómo puede una sociedad desarrollarse en un ambiente de inseguridad? ¿Con estados de excepción permanentes o restringiendo la libertad de expresión?

La libertad de expresión frente a las demostraciones de poder

La libertad de expresión, desde la opinión individual hasta la labor de un medio de comunicación, no puede ser respondida con intimidación ni con demostraciones de fuerza desde el poder. Tampoco con una burocracia indiferente o incapaz. Mientras tanto, el crimen organizado mantiene bajo asedio a amplios sectores de la sociedad, especialmente en la Costa, donde la violencia afecta la vida cotidiana.

Por ello es indispensable mostrar cómo opera el poder y denunciar las prácticas de corrupción que lo sostienen. Una convivencia democrática solo es posible cuando se respeta la libertad de expresión, porque esta es una manifestación de la tolerancia. Su represión constituye intolerancia y confirma la necesidad de que la ley controle al poder.

El poder debe permanecer bajo vigilancia pública: el periodismo responsable cumple un papel esencial en esa tarea, al igual que el ciudadano comprometido con la defensa de la libertad.

Francisco Bayancela González