Cartas de lectores

Los cobros en Daule son un viva la fiesta

En el cantón Daule, desde tiempo atrás, los moradores vienen manifestando inconformidad por las elevadas planillas de agua potable, que incluyen alcantarillado. Las de energía eléctrica incluyen alumbrado público, tributo para el Cuerpo de Bomberos, tasa de recolección de basura. Estos cobros en este cantón son excesivos (agua y luz), como castigo por vivir en urbanizaciones que fueron concebidas para clase media: viviendas de interés social para personas en situación de vulnerabilidad económica, es decir de escasos recursos económicos. El Municipio de Daule acató lo establecido por una ordenanza de la administración anterior. En vista de la grave situación socioeconómica ocasionada por la pandemia, el cabildo actual debió considerar la inesperada aparición de la COVID-19. No es suficiente haber rebajado el 0,966 para quedar en el 1,34 por mil el avaluó de bienes inmuebles e incrementado en dos años (de 10 a 12) el plazo del pago de los $ 55’191.171 que costo la construcción del puente y otros gastos adicionales como expropiaciones, etc.  Quienes saben administrar bien tienen que allanarse a las circunstancias de lo que están administrando. Antes de cobrar por la obra realizada, sin consulta previa, si es que no hubo aumento de impuestos prediales, tenían que hacer un estimativo de la falta de liquidez, pues la emergencia sanitaria dejó a muchas familias sin trabajo, otras con medios sueldos (Ley Humanitaria), y haber hecho un cálculo de gastos promedios de las familias que habitan en el sector tomando en cuenta rubros prioritarios: pago de préstamos hipotecarios de más de 47.000 viviendas en 92 urbanizaciones; pagos de alícuotas por guardianía, barrido y señalización de calles, arreglos y cuidados de jardinería, etc. Los pagos de servicios básicos y los gastos de alimentación. ¿No habría sido más ecuánime, elegante y factible para todas las partes que el Municipio hubiese propiciado la renegociación de plazos de manera más ventajosa para sus habitantes por 20 o 25 años, pues al ser un pago accesible para la mayoría de bolsillos, las recaudaciones se garantizan? Si logró incrementar en dos años el plazo, podría ampliarlo más. En derecho las cosas se hacen y deshacen a favor del más débil, en este caso los moradores. Es tiempo de que el cuerpo edilicio y los asesores se den cuenta de que están haciendo méritos para propiciar una recolección de firmas para revocatoria del mandato. Están lanzando por la borda el concepto de “que el ayuntamiento es la corporación destinada a velar por los intereses del pueblo.

César Jijón S.