Me voy a permitir tomar un fragmento de las declaraciones del Dr. Palacio, insertas en este diario el 11 de agosto: “La corrupción no es nueva, pero sí la desfachatez con la que se cometen atrocidades”. La vergüenza más grande es que las autoridades se acogen al derecho del silencio y callan sin decir ni hacer nada para terminar con estos delitos, con justificaciones absurdas. Caso aparte merecen los políticos deshonestos que cuando son descubiertos en sus fechorías enseguida salen con la cantaleta de “soy un perseguido político”, pero nada hacen para demostrar que de lo que se los está acusando es falso, o se acuerdan de lo que no se acordaban cuando estaban haciendo sus fechorías: “padezco una enfermedad catastrófica.” Pero lo que es más inmoral, ya que las leyes han sido creadas para solapar a delincuentes, es que cuando se ven descubiertos y estamos en época de elecciones enseguida se transforman en candidatos para tener inmunidad, se refugian o huyen con la venia de las autoridades. Ya basta de tanta alcahuetería desde las altas esferas de gobierno o de las funciones del Estado, es hora de cambiar las leyes penales. Así: las personas que estén procesadas, si se candidatizan a una dignidad de elección popular, de ser elegidas deberían entrar sin ninguna inmunidad; y los funcionarios públicos que se encontraren procesados y teniendo una orden de prisión preventiva, huyesen o se escondiesen para no ser capturados, en su sentencia se les deberá sumar todo el tiempo que estuvieron huyendo, desde el día que la autoridad judicial ordenó prisión hasta el momento de ser capturados o cuando se entreguen. Y no puede haber funcionarios públicos con sentencias penales o administrativas ejerciendo un cargo público, porque si son sentenciados es porque se demostró su deshonestidad, y esto es una causal para no poder desempeñar un cargo público. Los abogados defensores de delincuentes y deshonestos, siempre con los mismos discursos comienzan a entorpecer los procesos para demorar las sentencias con pedidos absurdos. La ley debe de sancionarlos con la suspensión de su licencia de profesional por hasta el 25 % de la sentencia de su defendido, por no demostrar honestidad en su defensa.

CBA Francisco Alcívar V.