Versión de técnico de Celec revela presiones para validar equipos obsoletos y para pagar a Progen

Una nueva versión añade tensión al caso Progen. Este 10 de junio de 2026, Celso Sánchez, técnico de Termopichincha e integrante de la comisión que inspeccionó los equipos en Estados Unidos, expuso presuntas presiones institucionales, ocultamiento de información y posibles omisiones judiciales. Sánchez detalló las anomalías que detectó en las visitas técnicas y cómo las autoridades de Termopichincha buscaron viabilizar pagos a la contratista a pesar de que los equipos no cumplían las especificaciones.

El técnico habló más de dos horas. Casi todos los hechos que narró giraron en torno a su labor de inspector y las posibles presiones de cinco funcionarios:

Equipos usados y con óxido en Houston y Tampa

La comisión verificadora viajó a territorio estadounidense a mediados de septiembre de 2024. Las revisiones en Houston (Ridley) y Tampa evidenciaron que las unidades generadoras diferían de la oferta inicial. Sánchez identificó motores de dos tiempos, óxido, cajetines de cables cristalizados, abolladuras y placas anteriores con agujeros de sujeción.

Ante el hallazgo, el personal de Progen y los jefes Orozco y Villacís impidieron el retiro de los plásticos protectores. Además, el administrador del contrato de Salitral, Marlon Casillas, le confiscó los dispositivos fotográficos. Representantes de la firma internacional admitieron de forma verbal que las unidades sufrieron corrosión por permanecer un tiempo prolongado en un puerto tras un intento fallido de envío a otro país, pero afirmaron que eran “nuevas”.

Supuesta coacción laboral y quebranto de salud

La oposición a firmar el informe favorable desató represalias. El gerente Byron Orozco prohibió a Sánchez de manera taxativa remitir más comunicaciones a Progen bajo amenaza de despido inmediato. La presión incrementó en la gerencia, donde se le exigió el aval bajo la consigna de que el informe debía salir "sí o sí". El hostigamiento provocó un deterioro severo en la salud física de Sánchez, quien presentó sangrado de oídos y requirió atención médica de emergencia en la institución. A pesar del ofrecimiento de ascensos y nombramientos estables en CELEC, el servidor no suscribió el acta de conformidad.

Advertencias ignoradas por la Fiscalía

Sánchez acusó a la fiscal Luzmila Lluglla, primera investigadora, de ocultar información relevante y de no incorporar sus correos institucionales que probaban las presiones y su negativa al informe favorable. Dijo que en dichos correos solicitaba a Progen documentos de respaldo de equipos nuevos, la ficha técnica de los grupos electrógenos, la carta de fabricación de los motores, la acreditación de distribuidor autorizado, el certificado de originalidad con su serie y las pruebas de aceptación en fábrica (pruebas FAT).

Mención al ministro Roberto Luque

Sánchez narró que en julio de 2025 se reunió con Magaly Ruiz, asesora del exfiscal general Wilson Toainga, ya que para ese entonces la investigación del caso Progen tenía fuero de Corte Nacional e incluía a Luque en la lista de los investigados. Sánchez dijo que les relató lo que ocurrió en el viaje y las presiones, entregó computadoras en la cadena de custodia pero no constan en el expediente. Aunque en septiembre de ese año Ruiz salió de la Fiscalía y en octubre Toainga renunció. Entonces, el caso pasó a manos del fiscal Carlos Alarcón, quien excluyó de la imputación al ministro.

Contó que al suscribir el acta para su ingreso al Sistema de Protección, constató que el documento “hacía referencia e involucra al entonces Ministro de Energía y Minas, señor Roberto Xavier Luque Núquez”.

Al ser cuestionado por Aníbal Quinde, abogado de Luque, respecto a la referencia, Sánchez aclaró que leyó el nombre de Luque en el acta de ingreso al Sistema de Víctimas y Testigos. Y que aparte de eso no tenía más información y que él tampoco entregó datos sobre el ministro. No fue una condición para recibir protección.

Luego explicó que “según su percepción, Fiscalía en ese momento pedía la cabeza” del ministro Luque. Quinde insistió en conocer “quiénes querían “la cabeza” de dijo que, según su percepción, la doctora Luzmila Luglia y Magaly Ruiz. No explicó si interpretó eso como un complot o si Fiscalía quería evidencias de un investigado o simplemente el acta narraba el resumen de la teoría del caso, hasta ese momento. Tampoco nombró a los exministros Antonio Gonçalves e Inés Manzano, ni al exviceministro y exgerente de Celec, Fabián Calero.