El testimonio del israelí redujo su pena y selló la condena contra la familia Bucaram

El Tribunal Penal dictó una sentencia reducida de dos años y ocho meses de prisión para el ciudadano extranjero Sheinman Oren, tras validar su cooperación eficaz en la red de comercialización irregular del caso Pruebas COVID-19, un proceso judicial que dejó penas como colaboradores de nueve años para el expresidente Abdalá Bucaram y su hijo Jacobo.

Colaboración efectiva

La decisión judicial, amparada en el artículo 491 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), determinó que la información entregada por el procesado extranjero el 18 de agosto de 2020 fue verídica, comprobable y determinante para identificar la logística operativa del grupo estructurado. 

Los magistrados concluyeron que el aporte no se limitó a una declaración verbal, sino que incluyó un dispositivo de almacenamiento con registros audiovisuales, documentos y chats que guiaron los allanamientos posteriores.

Durante la lectura de la resolución, los jueces expusieron cómo los datos proporcionados por el cooperador encajaron con los hallazgos técnicos. El extranjero adelantó a los investigadores que la estructura movió aproximadamente 320.000 dólares en efectivo para el pago de insumos médicos. Esta cifra fue corroborada materialmente cuando las fuerzas del orden incautaron 313.405 dólares y 385 euros durante las intervenciones a un vehículo Ford Explorer y al departamento del edificio Vía a Chipipe, en Santa Elena.

Además, los archivos entregados por Oren expusieron la infraestructura de seguridad financiada por la red. Las pericias fisonómicas y de reconocimiento de voz practicadas a los videos confirmaron el uso de agentes civiles de tránsito, equipados con motocicletas de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), para escoltar los traslados privados sin contar con una orden institucional que legitime dichas operaciones.

La condena para los procesados

Al comprobarse que la información sirvió incluso para procesar a otros exfuncionarios por el delito de concusión, el Tribunal aplicó una rebaja del 80 % a la pena individualizada de Oren, quien originalmente enfrentaba 13 años y cuatro meses como autor directo de delincuencia organizada.

Para el resto de los integrantes, el fallo determinó las siguientes privaciones de libertad:

Fuerte llamado de atención a la gestión de la Fiscalía

El cierre de la diligencia evidenció una fractura en la calidad técnica del litigio estatal. El juez ponente solicitó oficiar a la Dirección Provincial de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura para que investigue el accionar de las representantes de la Fiscalía General del Estado, señalando deficiencias reiteradas durante los 18 días de juicio.

El magistrado detalló que el Ministerio Público intentó incluir prueba documental mediante la lectura de partes policiales no admitidos, formuló interrogatorios deficientes dirigidos a testigos que ya habían manifestado no recordar los hechos y pretendió utilizar copias simples carentes de certificación. Ante esta vulneración a las reglas de la oralidad, el Tribunal dispuso que la máxima autoridad de la Fiscalía aplique un programa de actualización técnica obligatoria para sus agentes sobre el manejo de cadena de custodia y delimitación de teoría del caso.