José Serrano en la Cárcel del Encuentro: ¿Qué procesos judiciales podrían avanzar en su contra?

Tras casi cinco años fuera de Ecuador y luego de ser deportado desde Estados Unidos, el exministro del Interior y expresidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, quedó bajo custodia de la justicia ecuatoriana.

Serrano arribó al país la noche del viernes 28 de agosto de 2026 y, durante la madrugada del sábado 29, fue trasladado a la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena. Actualmente permanece en una celda individual, según confirmó este 31 de agosto el ministro del Interior, John Reimberg.

Pero su ingreso a prisión no significa que todos los señalamientos acumulados durante los últimos años vayan a convertirse automáticamente en procesos penales. La situación judicial del exfuncionario es más compleja: existe un caso en el que tiene una orden de prisión preventiva vigente y, además, una serie de denuncias e investigaciones que han tenido diferentes recorridos.

El proceso que mantiene vigente la orden de prisión preventiva es el caso Magnicidio FV, relacionado con el asesinato del excandidato presidencial y exasambleísta Fernando Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023 en Quito.

Tenía vigente una orden de prisión preventiva  

En el caso Magnicidio FV, la Fiscalía investiga a Serrano por su presunta participación en el asesinato de Fernando Villavicencio. De acuerdo con la acusación fiscal, habría intervenido en el financiamiento, planificación y ejecución del crimen, además de utilizar contactos dentro de la Policía para obtener información sobre los movimientos, rutinas y círculo de seguridad del excandidato presidencial.

La Fiscalía lo procesa como presunto autor mediato del asesinato. Durante la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, la fiscal Ana Hidalgo solicitó que Serrano sea llamado a juicio.

Serrano tenía vigente una orden de prisión preventiva dentro de esta causa. Por ello, tras su llegada a Ecuador luego de ser deportado desde Estados Unidos, fue trasladado a un centro penitenciario.

El proceso continúa en la etapa que corresponde y serán los jueces quienes determinen las siguientes actuaciones. La investigación y las acusaciones fiscales no constituyen una condena. Serrano mantiene su derecho a la defensa y la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia ejecutoriada que determine su responsabilidad penal.

Los otros expedientes de Serrano

El caso Villavicencio no es el único que ha involucrado al exfuncionario. A lo largo de los últimos años se han presentado denuncias y se han abierto investigaciones por distintos hechos.

Uno de ellos se remonta a 2019, cuando Oswaldo Rivadeneira, exasesor del despacho de José Serrano en el Ministerio del Interior, señaló a Serrano por un supuesto cobro de diezmos a funcionarios del Ministerio del Interior.

En 2023, el exasambleísta Fernando Balda presentó una denuncia relacionada con el supuesto secuestro ocurrido en Colombia en 2012. Ese mismo año, el abogado Luigi García presentó otra denuncia por una presunta tentativa de asesinato.

A estos casos se suma una investigación previa abierta por la Fiscalía en 2024 por la presunta difusión de información reservada y una denuncia presentada por Jorge Pinto, entonces exasambleísta de CREO y dirigente de Construye, por supuesto tráfico de influencias y cohecho.

Estos casos no se encuentran en la misma etapa procesal. Su situación dependerá del estado de cada expediente y de las decisiones que adopten la Fiscalía y la justicia.

El regreso de Serrano también genera reacciones políticas

El regreso de Serrano también reactivó el debate sobre su paso por el gobierno de Rafael Correa y sobre las políticas de seguridad aplicadas durante esa etapa.

José Julio Neira, secretario general de la Administración Pública, Planificación y Gabinete, vinculó la situación de Serrano con decisiones tomadas durante el correísmo y cuestionó la denominada política de "pacificación" aplicada frente a grupos como las pandillas.

El Gobierno de Daniel Noboa sostiene que esas políticas contribuyeron a generar condiciones para el fortalecimiento posterior de estructuras criminales. El correísmo, como ha publicado EXPRESO, ha rechazado esa interpretación y ha negado que exista una relación entre aquellas decisiones y la actual crisis de seguridad.

Reimberg también se refirió a los señalamientos realizados por autoridades estadounidenses sobre presuntos vínculos de Serrano con carteles y hechos de corrupción. El funcionario señaló que el exministro deberá comparecer ante la justicia ecuatoriana.

La defensa niega el vínculo con el crimen

La familia de José Serrano cuestionó la acusación de la Fiscalía dentro del caso por el asesinato de Fernando Villavicencio y aseguró que no existe una prueba que vincule directamente al exministro con el crimen.

Uno de los cuestionamientos apunta a los testimonios utilizados en la investigación. La defensa señala que cuatro personas sentenciadas por otros delitos han declarado en el proceso y que sus versiones no tendrían respaldo en pruebas materiales. También cuestiona los beneficios que algunos de estos testigos habrían recibido por colaborar con la investigación.

La familia sostiene, además, que no existen chats, llamadas, correos electrónicos, grabaciones u otros registros que relacionen a Serrano con las personas involucradas en el asesinato. También cuestiona la supuesta relación entre el exministro y Ángel Esteban Aguilar Morales, alias “Lobo Menor”.

Con esos argumentos, la defensa pidió que la decisión judicial se tome a partir de las pruebas incorporadas al expediente, entre ellas peritajes, registros telefónicos, documentos y testimonios. El pronunciamiento corresponde a la posición de la defensa frente a la acusación fiscal.