¿Quién es el israelí que selló la condena contra la familia Bucaram?

Oren Sheinman llegó en 2020 a Ecuador como un ciudadano israelí-australiano dedicado, según los registros de la causa, a actividades vinculadas al buceo. En ese mismo año terminó en el centro de una trama que involucró la comercialización irregular de pruebas para detectar COVID-19, a la familia Bucaram y a funcionarios públicos.

Seis años después, su nombre volvió a aparecer en el centro de la sentencia que condenó, en primera instancia, al expresidente Abdalá Bucaram Ortiz y a su hijo Jacobo Bucaram Pulley a nueve años y cuatro meses de prisión, como colaboradores del delito de delincuencia organizada.

La razón está en lo que Sheinman entregó a la Fiscalía

El tribunal consideró que la información proporcionada por el ciudadano extranjero el 18 de agosto de 2020 fue verídica, comprobable y determinante para identificar la logística de la estructura investigada. No se trató únicamente de su testimonio: entregó un dispositivo con registros audiovisuales, documentos y conversaciones que posteriormente sirvieron para orientar diligencias y allanamientos.

Por esa cooperación eficaz, los jueces redujeron en un 80 % la pena que le correspondía. Sheinman, quien enfrentaba una condena individualizada de 13 años y cuatro meses como autor directo, terminó sentenciado a dos años y ocho meses de prisión.

La historia de Sheinman comenzó mucho antes de la sentencia.

El 1 de junio de 2020, fue detenido en La Libertad, Santa Elena, junto con su compatriota Shy Dahan. Ambos viajaban en una Ford Explorer y fueron interceptados durante un control policial cerca de la refinería.

Los dos portaban credenciales falsas que los hacían pasar por agentes de la DEA. La detención permitió descubrir además una importante cantidad de dinero en efectivo.

En el vehículo se encontraron $100.000, mientras que posteriormente, durante un allanamiento en un inmueble de Santa Elena relacionado con los extranjeros, fueron localizados otros $ 212.000 y 385 euros. En total, los investigadores llegaron a contabilizar $ 313.405 y 385 euros en esas intervenciones.

La captura abrió una investigación que rápidamente dejó de ser un caso exclusivamente relacionado con documentos falsos y dinero en efectivo.

Los dos israelíes estaban vinculados a la comercialización de aproximadamente 21.000 pruebas rápidas para COVID-19 y otros insumos médicos durante la emergencia sanitaria de 2020. Esa operación terminó conectándolos con Jacobo Bucaram y, posteriormente, con el expresidente Abdalá Bucaram.

Sheinman no llegó solo a esta historia

Su compañero era Shy Dahan, un ciudadano israelí que ingresó a Ecuador utilizando otra identidad: Tomer Sheinman. Según los antecedentes de la investigación, Dahan utilizó el apellido de su compañero y se hacía pasar por su hermano.

Los dos compartían un inmueble en Quito y estaban relacionados con las negociaciones de las pruebas COVID-19. 

Pero la historia de los dos extranjeros tuvo un desenlace distinto. El 8 de agosto de 2020, Dahan fue asesinado dentro de la Penitenciaría del Litoral. Sheinman sobrevivió al ataque, aunque resultó herido.

Su supervivencia cambió el rumbo de la investigación. Desde entonces, pasó a aportar información a la Fiscalía y posteriormente fue considerado cooperador eficaz.

Los audios que cambiaron el caso

Uno de los elementos centrales de esa cooperación fueron los registros audiovisuales y conversaciones que Sheinman entregó a los investigadores.

El tribunal sostuvo que esos archivos permitieron establecer conexiones que luego fueron verificadas mediante pericias y otros elementos de prueba.

Entre los datos aportados estaba la referencia al movimiento de aproximadamente $ 320.000 en efectivo para el pago de los insumos médicos. La cifra, según los jueces, encontró correspondencia con el dinero que posteriormente fue incautado durante los operativos.

Los registros también permitieron reconstruir parte de la logística utilizada para trasladar los productos.

Las pericias de reconocimiento de voz y fisonómicas incorporadas al proceso permitieron, según el fallo, establecer la participación de agentes civiles de tránsito y motocicletas de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) en los desplazamientos de la mercadería, sin que existiera una orden institucional que justificara esas operaciones.

Ese elemento fue particularmente importante para la acusación porque permitió conectar una operación privada con el uso de recursos públicos