Defensa de Antonio Gonçalves pide a Celec certificar si el ministro tenía facultad para frenar pagos

La defensa del exministro de Energía, Antonio Gonçalves, solicitó a la Fiscalía la práctica de nuevas diligencias investigativas dentro del caso Progen. El abogado Leonardo Stagg pidió que Celec emita certificaciones oficiales sobre el procedimiento para autorizar los pagos de los contratos suscritos con Progen y las competencias que tenía el entonces titular de esa cartera de Estado.

Según el escrito presentado por la defensa, se requiere que la empresa pública certifique quiénes aprobaban los desembolsos de los contratos con Progen, cuál era el procedimiento institucional para efectuarlos, si el ministro de Energía y Minas tenía facultades legales para impedir, vetar o suspender esos pagos y si Celec necesitó en algún momento autorización ministerial para realizarlos.

Stagg sostuvo que estas diligencias son relevantes porque la Fiscalía investiga a Gonçalves por el presunto delito de peculado por omisión. A criterio de la defensa, si Celec certifica que el ministro no tenía competencia para controlar los recursos de la empresa pública ni para aprobar o impedir los pagos, esa documentación permitirá establecer si las atribuciones atribuidas por la acusación existían o no.

Los documentos son clave para el exministro

"En un Estado de derecho, la verdad no se construye sobre suposiciones. Se construye con documentos, con la ley y con las competencias que cada institución realmente tenía", señaló Stagg al informar sobre la solicitud presentada.

La Fiscalía deberá resolver si incorpora estas diligencias dentro de la instrucción fiscal del caso.

El caso Progen investiga irregularidades en la contratación de generación eléctrica durante la emergencia energética de 2024. La Fiscalía sostiene que existió una estructura que habría ocasionado un perjuicio económico al Estado a través de los contratos adjudicados por la Corporación Eléctrica del Ecuador a la empresa estadounidense Progen Industries LLC para la instalación de centrales térmicas en Quevedo y Salitral.

La investigación se centra, entre otros aspectos, en el anticipo del 70 % del valor de los contratos, equivalente a aproximadamente 104 millones de dólares, que fue desembolsado sin que se entregaran las garantías contractuales.