Conjuez suma 10 sospechosos al expediente de Progen y ordena prisiones preventivas

El conjuez nacional Rodrigo Sarango vinculó a otras 10 personas al expediente del caso Progen, por lo que ahora la causa tiene 31 procesados.

Con la investigación, la fase de investigación por las irregularidades en los contratos de generación eléctrica suscritos entre Celec y Progen Industries LLC se extiende 30 días más.

La Fiscalía sostiene que los contratos para las centrales de generación térmica de El Salitral y Quevedo ocasionaron un perjuicio al Estado que bordea los 104,4 millones de dólares.

Entre los nuevos procesados están José Manuel de Oliveira Allu, ex coordinador general jurídico del Ministerio de Energía colocado por Roberto Luque, y Peter Christian Dreher Pozo, exasesor de Luque y de Antonio Gonçalves.

Un caso que apunta a funcionarios ténicos

En su resolución, el juez Sarango también ordenó la prisión preventiva de varios de los procesados, entre estos José Aimara, exdirector de Planificación y Desarrollo de Proyectos de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec).

En el caso de Aimara, el fiscal general encargado Carlos Alarcón asegura que él “presionó” para la declaración de emergencia de Celec, que fue el marco legal con el que se contrató a Progen. Sin embargo, la directora jurídica de Celec, quien elaboró ese documento, no fue procesada. Ella es Gabriela Rodríguez Morejón, quien habría sido colocada por Luque y está vinculada al despacho Noboa, Peña & Torres Abogados.

Su defensa alegó que él es un técnico y que no participó en ninguna decisión para favorecer ilegalmente a Progen. Sostiene que sus actuaciones fueron técnicas, éticas y legales.

Exabogado de Termopichincha también es procesado

Otro nuevo procesado es Christian Dahik, exsubgerente jurídico de Termopichincha. Su intervención se dio en la validación técnica y jurídica de la oferta ganadora durante la etapa de selección.

Además, según la Fiscalía participó en la elaboración y aprobación de los contratos emergentes. Esto incluyó las fórmulas de pago que eliminaron la presentación de pólizas para asegurar los recursos entregados a Progen. Dahik también recibió prisión preventiva.

El rol de José de Oliveira queda expuesto

En el caso de De Oliveira, Fiscalía señaló que ocupó la Coordinación General Jurídica del Ministerio de Energía entre el 23 de abril y el 2 de diciembre de 2024. Precisamente el día en que inició sus funciones, Luque emitió un memorando que disponía que todos los procesos de contratación pública relacionados con la emergencia eléctrica debían ser comunicados y coordinados previamente con esa dependencia para su “análisis y aprobación”.

Según la exposición fiscal, las gestiones preliminares para los proyectos de Salitral (valorado en $99,4 millones) y Quevedo (por $49,7 millones) avanzaron con la elaboración de fichas técnicas, pliegos, términos de referencia y listas de proveedores sin que existiera todavía una declaratoria formal de emergencia emitida por la entidad contratante.

La Fiscalía sostiene que De Oliveira no habría advertido sobre estas circunstancias y que, además, participó en reuniones de Celec relacionadas con los procesos. También señaló que después de la firma, ya en la fase de ejecución, mantuvo contacto con Daniela Gordillo, entonces subgerente jurídica de la Unidad de Negocio Termopichincha, con quien habría tenido reuniones para viabilizar prórrogas contractuales.

La situación de los otros nuevos procesados

Hasta el cierre de esta edición, el conjuez ya dictó la prisión preventiva de Marlon Iván Casillas Hernández, Daniela Piedad Gordillo, Luis Javier Ugsha Guanotasig y Christian Dahik. 

Aún debe resolver la situación de otros procesados: Peter Dreher Pozo, José Luis Sampietro Saquicela, Marcos Alberto Guerrero Bravo, José de Oliveira y José Walther Manrique Suárez, pareja de Karla Saud, lobista de Progen.