Caso Blindado: Fiscalía pide prisión para procesado y Villacís busca salir de la cárcel
La Fiscalía General del Estado pidió prisión preventiva para un procesado del caso Blindado que habría incumplido una medida cautelar

Fiscalía pidió prisión en Quito por incumplir medida en caso Blindado.
Lo que debes saber
- Fiscalía pidió prisión en Quito por incumplir medida en caso Blindado.
- Vicko Villacís pidió cambiar su prisión preventiva en audiencia de la Corte Nacional.
- Caso Blindado: ocho acusados buscan medidas alternativas para enfrentar proceso por lavado de activos.
La revisión de medidas cautelares dentro del denominado caso Blindado marcó una nueva jornada judicial este miércoles 23 de septiembre en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), donde la Fiscalía solicitó prisión preventiva para uno de los procesados que habría incumplido las disposiciones impuestas previamente, mientras varios acusados, entre ellos el alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís, pidieron sustituir la medida de prisión preventiva por presentaciones periódicas y otras restricciones.
La audiencia está a cargo de la jueza Daniella Camacho, quien analiza los pedidos planteados tanto por la Fiscalía como por las defensas de los procesados investigados por presunto lavado de activos. La diligencia se instaló la mañana de este miércoles 23 de septiembre en la CNJ y fue suspendida temporalmente cerca del mediodía para retomarse horas más tarde.
Fiscalía solicita prisión preventiva para un procesado
Durante la audiencia, el fiscal general encargado, Carlos Alarcón, solicitó que se revoque la medida de presentación periódica impuesta a Vinicio Aguirre, uno de los procesados en la causa. Según la Fiscalía, el investigado incumplió con la obligación judicial que debía acatar, por lo que se pidió que se dicte prisión preventiva en su contra.
El pedido forma parte de la revisión de medidas cautelares que se desarrolla dentro de una investigación en la que la Fiscalía procesa a quince personas naturales y tres empresas por presunto lavado de activos.
Acusados buscan reemplazar la prisión preventiva
De forma paralela, ocho procesados solicitaron que se revisen las órdenes de prisión preventiva que pesan sobre ellos. Entre los solicitantes se encuentran el alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís, además de Jorge Piños, Luis Reina, Karol Lemos, Jonathan Monte, Juan Alberto Lastre y Diego Montaño.
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Las defensas plantearon que las medidas privativas de libertad sean reemplazadas por presentaciones periódicas ante la autoridad competente, prohibición de salida del país y el uso de dispositivos de vigilancia electrónica. Argumentaron que existen elementos nuevos dentro del expediente que modificarían las circunstancias que motivaron la prisión preventiva hace más de tres meses.
Según los abogados, los procesados no buscan evadir la justicia, sino enfrentar el proceso penal en libertad mientras continúan ejerciendo su derecho a la defensa.

Vicko Villacís guarda prisión preventiva por el caso Blindaje.
Villacís presentó un informe pericial
El alcalde Vicko Villacís fue trasladado desde el centro penitenciario donde permanece recluido hasta la sede de la Corte Nacional para participar presencialmente en la audiencia. Durante la diligencia ejerció su propia defensa y entregó un informe de más de 60 páginas que incluye una pericia contable que, según sostuvo, respaldaría su inocencia.
Su defensa también argumentó que no existiría riesgo de fuga debido a que continúa ejerciendo el cargo de alcalde de Esmeraldas y cuenta con protección permanente de agentes de la Policía Nacional.
Justicia
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Investigación por presunto lavado de activos
La Fiscalía sostiene que los procesados formarían parte de una estructura presuntamente dedicada a obtener beneficios económicos mediante el abuso y la utilización irregular de garantías jurisdiccionales.
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La investigación comenzó en junio de 2026 con la formulación de cargos contra varias personas, entre ellas Vicko Villacís. Posteriormente, el 1 de septiembre fueron vinculados cinco jueces de la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas, un juez de Atacames, una persona natural y tres empresas, lo que provocó que el proceso pasara a conocimiento de la Corte Nacional debido al fuero que ampara a los magistrados involucrados.
Tras escuchar los argumentos de las partes, la jueza Daniella Camacho deberá resolver los pedidos de revisión de medidas cautelares. La magistrada adelantó que, una vez concluida la audiencia, analizará los elementos presentados antes de emitir su decisión.