62 jueces cesan funciones en Ecuador: Judicatura implementará plan de contingencia urgente
El Consejo de la Judicatura aprobó la cesación de funciones de los jueces por jubilación. Las vacantes en la justicia de Ecuador aumentan

Mercedes Caicedo Aldaz es la presidenta del Consejo de la Judicatura de Ecuador.
Lo que debes saber
- Judicatura aprobó de forma unánime el informe técnico para la cesación de funciones de 62 jueces a escala nacional.
- Los jueces cesados en sus funciones responde a la ejecución del Plan de Desvinculación Institucional por Jubilación 2026.
- Se dispuso a las Direcciones Provinciales tomar las acciones correspondientes para evitar la paralización de actividades.
El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ), liderado por su presidenta Mercedes Caicedo Aldaz, aprobó de forma unánime el informe técnico para la cesación de funciones de 62 jueces a escala nacional. Esta medida responde a la ejecución del Plan de Desvinculación Institucional por Jubilación 2026, una iniciativa que prioriza a los servidores judiciales con condiciones de salud críticas, enfermedades catastróficas, discapacidad o avanzada edad.
Justicia
Consejo de la Judicatura vincula amenaza con proceso de depuración judicial en Ecuador
Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez
Presupuesto millonario para la renovación judicial
Para el desarrollo e implementación de este proceso de desvinculación permanente, la judicatura ecuatoriana cuenta con una asignación presupuestaria específica de 6,9 millones de dólares. Este rubro se encuentra debidamente contemplado dentro del Plan Operativo Anual (POA) 2026 e involucra el pago de compensaciones obligatorias tanto para personal administrativo como para los administradores de justicia salientes.
La salida oficial de los 62 magistrados técnicos quedó fijada a partir del 30 de junio de 2026. Ante este escenario, se dispuso de inmediato que las Direcciones Provinciales del CJ ejecuten de manera urgente las acciones administrativas correspondientes para evitar la paralización de actividades y garantizar la continuidad del servicio de justicia en los diferentes cantones afectados.

El Consejo de la Judicatura es la institución peor valorada por los ciudadanos, según la encunesta de Click Research.
Cambios y renuncias aceptadas en el Pleno del CJ
Durante la misma sesión ordinaria Nro. 086-2026, el cuerpo colegiado del organismo judicial oficializó la salida de otros funcionarios que presentaron sus dimisiones voluntarias. Las autoridades aceptaron formalmente la renuncia de la magistrada Jenny Ramos Navas, quien se desempeñaba en el Tribunal de Garantías Penales de Chimborazo, así como la de Marlon Escobar Jácome, exjuez del Tribunal de Garantías Penales de Carchi.
Asimismo, los miembros del pleno resolvieron dar por terminada la designación del abogado Rómulo Núñez Valencia en calidad de juez temporal de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Cotopaxi. Según lo estipulado por las autoridades de control, el funcionario deberá retornar a su cargo de origen dentro de la Unidad Judicial Especializada de Violencia contra la Mujer y Familia ubicada en el cantón Latacunga.
Justicia
Judicatura pide a Fiscalía investigar sumarios disciplinarios prescritos por Mario Godoy
Richard Josue Jimenez Mora
Activación del plan de contingencia nacional
Con el objetivo de impedir un vacío institucional, la presidenta del organismo, Mercedes Caicedo Aldaz, otorgó un plazo perentorio de 48 horas a la Dirección General de la institución para que presente un informe exhaustivo respecto a la ejecución del plan de contingencia estructural.
Te puede interesar | ¿Por qué las bandas criminales están reclutando a más menores en Ecuador?
Requerimientos urgentes planteados a la Dirección General:
- Propuesta técnica para la selección inmediata y temporal de jueces de primer nivel destinados a cubrir las vacantes críticas a escala nacional.
- Diagnóstico de personal que determine el número exacto de administradores de justicia que se encuentran bajo la figura de comisión de servicios.
- Recomendación estratégica para viabilizar el retorno o redistribución de dichos servidores hacia las unidades judiciales que registran mayores necesidades de personal.