De tumbo en tumbo dentro del propio Municipio. Así se encuentra el control de las vallas publicitarias que lo ‘arropaba’ la dirección de Justicia y Vigilancia, luego pasó (cuando se dieron a conocer las irregularidades) a una Unidad de Vallas, y ahora llama la atención la creación de un comité, con Gustavo Zúñiga a la cabeza. Pero hasta ahora se conocen los nombres de quiénes permitieron colocar decenas de vallas irregulares en la vía pública de Guayaquil.

“Que los rótulos sin permisos fueron instalados en la pandemia, cuando el Municipio tenía la prioridad de salvar, rescatar y precautelar vidas”. Es el argumento que soltó Verónica Landín, directora de Planificación Urbana proyectos y Ordenamiento Territorial (Dupot), una de las dependencias que integran el susodicho comité; y que rechaza la ciudadanía que cuestiona cómo “una estructura de tremenda magnitud pudo haber sido instalada de forma irregular, sin que nadie la vea”, señaló Laura Cornejo, habitante de la Kennedy.

¿Pero en qué estado se encuentra este caso, uno de los más polémicos suscitados durante la administración de Cynthia Viteri? EXPRESO, que denunció el tema y lo ha seguido de cerca desde inicios de 2022, conoció que este aterrizó a la Fiscalía y que se encuentra en la fase de indagación previa.

Fiscalía justificó que por estar en esta etapa, no es factible una respuesta de información. “...dichas investigaciones gozan de reserva, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 584 del Código Orgánico Integral Penal (COIP)”, acotó la entidad.

Sin embargo, la Fiscalía no es la única que tiene su lupa sobre este caso, en el que el Municipio busca resarcir los daños que ocasionaron las monumentales estructuras en el espacio público con la siembra de árboles. Un árbol por valla. Otra acción que para la ciudadanía resulta insuficiente y no resuelve el problema.

La Contraloría General del Estado (CGE), por su parte, recordó a este Diario que está ejecutando una acción de control, conforme el debido proceso, y que ha solicitado la información correspondiente a la entidad auditada. Es decir, ya le pidió datos al Municipio y ahora se encuentra analizando la información.

La acción de control inició en agosto pasado, y tiene 180 días para aprobar un informe de auditoría. “Durante la ejecución del examen especial, la CGE solicita información a la entidad auditada, analiza la información, puede hacer nuevos requerimientos, posteriormente se comunican resultados provisionales a los auditados, luego de esto los auditados pueden aportar con nueva información y finalmente se aprueba el informe de auditoría que se suba a la página web institucional”, resaltó una fuente del departamento de Comunicación de la Contraloría.

En torno al trabajo que se ejecuta surge otra duda: ¿qué resultados garantiza la existencia del nuevo comité municipal teniendo en cuenta que los procesos de vallas han ido de una dependencia a otra? Esa fue una de las interrogantes que se le consultó ayer al Cabildo, pero hasta el cierre de este artículo no hubo una contestación.

Lo que se sabe, de acuerdo a un boletín de prensa de la semana anterior, es que se lo ha bautizado como comité de coordinación municipal para el ordenamiento, control, cumplimento de normas y regulación del espacio público y privado de todo tipo de elemento publicitario en Guayaquil. En esta comisión también están involucrados el Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano, la Corporación para la Seguridad Ciudadana y la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM).

Se lo pregona como el ente de regularización de rótulos que, entre las acciones hechas, suspenderá, entre 60 y 90 días, todos los trámites relacionados para el montaje de nuevas estructuras, ya sean vallas o pantallas led.

“En este lapso se va a establecer todos los procesos y procedimientos que debe normar la relación entre el empresariado de rótulos y la Municipalidad”, detalló en el boletín, Zúñiga.

En tanto, Landín ha recalcado que de acuerdo con la Ordenanza Sustitutiva que entró en vigencia en abril de 2021, se desarrolló un censo que arrojó la cifra de 512 vallas, de las cuales entre 80 y 90 no cuentan con la factibilidad y deben ser desmontadas. Se fijó un plazo de 45 días para su retiro, pero eso no aleja el cuestionamiento de dónde estuvo la vigilancia del caso, pues para instalar una de estas monumentales estructuras, obligadamente se necesita de una grúa, energía eléctrica, acomodar la lona...

Ciudadanos consultados esperan resultados de los entes que llevan el caso, conocer responsables y anhela que esta comisión actúe. “Si va de un lado a otro y ahora con una comisión y está en investigación de Fiscalía, es necesario saber qué pasó y cómo piensan actuar. Guayaquil necesita respuestas y la sanción a los autores”, manifestó María José Cisneros, de la ciudadela Acacias.