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Ambiente. Una de las pantallas se levanta en la avenida 9 de Octubre y Carchi, pero en esta no se detalla el nombre de la empresa publicitaria.
CHRISTIAN VASCONEZ

Las vallas que exhiben a detenidos no reflejan a sus responsables

Viteri se excusa que va por cuenta de la empresa privada, pero no están los datos en las estructuras. ¿A quién recae la competencia si estas se desploman?

La ordenanza para instalar rótulos publicitarios se la ha alterado muchas veces, abriendo paso a regular lo que inició como una irregularidad. EXPRESO ha seguido de cerca la proliferación de estas estructuras (hasta marzo se registraban 280 procesos en trámite), y ahora que saltaron a las pantallas gigantes, plantadas en parterres centrales, los rostros de detenidos en Guayaquil; se cuestiona si estas estructuras están legales y cuentan con los permisos correspondientes.

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En un recorrido se constató que en algunas no se estampan los nombres de los responsables o empresas publicitarias que están a cargo de estas vallas. Es el caso de la que se levanta en el bulevar 9 de Octubre y Carchi, en el centro; y en la avenida Del Bombero y 47, al frente a un supermercado, en Los Ceibos.

¿A quién recae la responsabilidad si estas se desploman y le caen a un vehículo o peatón? Es la incógnita que queda en el aire, pues la alcaldesa Cynthia Viteri argumenta, sin dar nombres, que cuentan con los permisos correspondientes.

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Otro cuestionamiento es cuánto paga el Municipio por esta divulgación, que a menos de 24 horas de anunciar que colocaría los nombres de los servidores judiciales que llevan los casos de los detenidos, Viteri se retractó; por lo que se revisó el Portal del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), sin que haya algún proceso de difusión de este tipo.

Al respecto, se solicitó un pronunciamiento por parte del funcionario municipal que está al frente de la controvertida decisión, pero la única respuesta que se obtuvo fue que Viteri ya se había referido a esto en un boletín del pasado lunes.

AcciónEn estas estructuras, al menos 20, se reflejan a personas que son detenidas en operativos PUMA (Puntos Municipales de Atención).

En ese documento solamente señala que la publicación va por cuenta de la empresa privada como, remarca, “parte de su responsabilidad social con la ciudad”. Es decir, se siembra más dudas, pues no se sabe de quién es la valla que está mostrando a las personas capturadas. Lo que sí es visible, al menos en esos dos casos, es que sí cuentan con medidores de consumo eléctrico.

Viteri ha defendido la acción alegando que se ha publicado a las personas atrapadas en flagrancia. “En diciembre 24 de 2019 cambió el COIP y permite en el artículo 529 poder publicar el rostro de la persona cuando se tratan de delitos en flagrancia”, dijo.

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El tarifario promedio que maneja una empresa de publicidad en las pantallas ledes, transmitiendo los spots durante un mes, por ejemplo, fluctúa entre los 1.500 a 2.000 dólares. El alcance que pueden llegar a tener es de 30.000 vehículos diarios y un impacto en más de 59.000 personas.

EXPRESO revisó la Gaceta Oficial del 21 de julio de 2020, cuyo artículo 6, de las características generales, se establece que los rótulos deben cumplir con los siguientes datos: nombre de la empresa propietaria de la estructura y número del permiso.

También se lee que todos los tipos de rótulos publicitarios deben tener adhesivos en la parte inferior del soporte, a una altura fácilmente visible para los controles que el Cabildo realice, una placa de identificación, donde se detallen los datos del permiso otorgado.

La normativa dice que debe ser de color azul de fondo y letras blancas, y que sea con un material duradero. Sin embargo, la ausencia de estas referencias también se trasladan a la mayoría de vallas publicitarias que se levantan en diferentes sectores de la ciudad, da igual si en el norte o el sur.

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Escenario. Una pantalla de la avenida Del Bombero muestra a los detenidos.CHRISTIAN VASCONEZ

Se sabe que las empresas que colocan estas monumentales estructuras están obligadas a contratar y mantener en vigencia una póliza de seguros de responsabilidad civil durante la instalación, permanencia y retiro de sus estructuras, por los perjuicios que lleguen a causar a bienes o personas.