Rescate de iguana de Galápagos en Guayaquil alerta posible delito: ¿Dónde apareció?

El rescate de una iguana marina de Galápagos, realizado este viernes 15 de mayo de 2026 en una vía del norte de Guayaquil, generó preocupación entre organizaciones ambientales y ciudadanos.

La Fundación Proyecto Sacha informó, en una publicación en sus redes sociales, que un ciudadano alertó -vía telefónica- del hallazgo del animal.

“Al inicio pensamos que podía tratarse de una identificación errónea, porque resulta prácticamente imposible imaginar un escenario así”, indicó la organización.

¿Qué pasó con la iguana marina de Galápagos?

Agentes de la Policía ambiental participaron en la recuperación del ejemplar, que fue puesto bajo custodia del Ministerio de Ambiente y Energía.

“Las iguanas marinas son especies endémicas de Galápagos. No es normal encontrarlas caminando por una vereda en Guayaquil. Su presencia fuera de su hábitat natural podría ser un indicio muy serio de tráfico ilegal de fauna silvestre”, alertó la organización ambiental.

Ciudadanía pide más controles para la fauna de Galápagos

El hallazgo de la iguana marina provocó indignación y preocupación en la ciudadanía. La gestora de turismo, Allyson Alemán, comentó en la publicación de Proyecto Sacha: “Espero que ahora tomen en cuenta las denuncias que se han hecho por años y que de esas islas mandan a callar. Décadas de esto. Ya no podrán tapar el sol con un dedo. Y no es en los aviones. Que investiguen a profundidad en las islas, cada embarcación, todo”.

El indicio del posible tráfico de fauna silvestre tomó fuerza porque el hombre que encontró a la iguana marina comentó que sería el tercer ejemplar que aparece en una semana.

Que se detecte a tres ejemplares fue calificado como “desgarrador” por Proyecto Sacha.

“Es muy alarmante lo que está pasando en Galápagos. Parece más un parque de atracciones que una reserva ecológica”, dijo Michu Velarde, en la publicación.

¿Cuál es la sanción por el tráfico de fauna silvestre?

El tráfico ilegal de fauna silvestre se castiga en el país con penas de hasta tres años de prisión, según el artículo 247 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).