Qué pasa con el aeropuerto de Guayaquil tras las declaraciones de Tatiana Coronel
Las declaraciones de la alcaldesa subrogante, Tatiana Coronel, reactivaron el debate sobre el aeropuerto de Guayaquil
La administración del Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo volvió al centro del debate político en Guayaquil. Las declaraciones de la alcaldesa subrogante, Tatiana Coronel, en defensa de la autonomía municipal generaron nuevas reacciones tras la solicitud del Gobierno central de modificar los estatutos de la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil (AAG).
“Si algo funciona bien, no lo dañen”, afirmó Coronel durante la sesión del Concejo Cantonal del pasado jueves 12 de marzo, al referirse a la posibilidad de que el Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) intervenga en la estructura de gobierno del organismo que administra la terminal aérea.
La funcionaria advirtió que quitarle al Municipio la competencia sobre el aeropuerto sería un retroceso. “Vamos a defender la autonomía local. El aeropuerto le pertenece a la ciudad de Guayaquil. En Ecuador la Constitución reconoce la autonomía de los gobiernos autónomos; si el Municipio administra el aeropuerto, quitarle esa competencia lo tomamos como una centralización del poder”, expresó.
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La respuesta de la Autoridad Aeroportuaria
La polémica se produce luego de que la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil respondiera oficialmente al MIT mediante un oficio de nueve páginas fechado el 12 de marzo de 2026.
El documento, firmado por el gerente Carlos Baquerizo Jalil y dirigido al subsecretario encargado de Transporte Aéreo, Carlos Mora Estrella, expone varios argumentos jurídicos frente a la interpretación del Ministerio sobre las competencias aeroportuarias.
Entre los principales puntos, la institución sostiene que la interpretación del MIT omite el régimen constitucional de competencias concurrentes establecido en el artículo 260 de la Constitución.
Además, señala que la rectoría del Estado central no implica intervenir en la organización interna de una fundación municipal, cuya estructura se rige por el Código Civil y por sus propios estatutos.
El documento también recuerda que la autonomía política, administrativa y financiera de los gobiernos autónomos descentralizados impide la interferencia externa en sus competencias, conforme a lo establecido en los artículos 5 y 6 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD).
El contrato del aeropuerto sigue vigente
En su respuesta, la Autoridad Aeroportuaria también recordó que el 27 de febrero de 2004 se suscribió el contrato de concesión entre la AAG —fundación de la Municipalidad de Guayaquil—, la concesionaria Terminal Aeroportuaria de Guayaquil S.A. (TAGSA) y el Municipio.
Este contrato se mantiene vigente hasta el 27 de julio de 2031.
Actualmente, TAGSA se encarga de la operación diaria de la terminal aérea, incluyendo vuelos nacionales e internacionales, servicios a pasajeros y logística de carga.
Desde el Municipio se sostiene que este modelo ha permitido mantener estándares de eficiencia y seguridad durante más de dos décadas.
Las aclaraciones que pide la AAG
Antes de iniciar cualquier proceso de reforma estatutaria, la Autoridad Aeroportuaria solicitó al Ministerio precisar varios aspectos para garantizar la seguridad jurídica.
Entre las consultas planteadas están:
- Qué disposiciones específicas del estatuto de la AAG se consideran incompatibles con el ordenamiento jurídico vigente.
- Qué norma constitucional, legal o reglamentaria justificaría la reforma solicitada.
- Cuál sería el alcance concreto de la modificación planteada por el Ministerio.
- Si existe un informe técnico o jurídico que sustente la necesidad de dichos cambios.
- La institución reiteró que mantiene su disposición de coordinar con el Gobierno central en el cumplimiento de normas técnicas aeronáuticas y políticas públicas del sector.
La propuesta del Gobierno
El origen del conflicto está en un oficio enviado el 4 de marzo por el MIT a la alcaldesa subrogante Tatiana Coronel y al gerente de la AAG.
En ese documento se plantea modificar la composición del directorio de la Autoridad Aeroportuaria para incluir representantes tanto del Gobierno central como del Municipio.
Según la propuesta, el presidente del directorio sería designado por el Ministerio y tendría voto dirimente.
Desde la Alcaldía se advierte que este cambio podría afectar la gestión local y sentar un precedente para futuras intervenciones del Ejecutivo en competencias municipales.
Reacciones políticas
El Partido Social Cristiano (PSC) también rechazó la propuesta del Gobierno. En un comunicado difundido el 9 de marzo, la organización política aseguró que las reformas planteadas implicarían el “fin de la competencia municipal” sobre la administración del aeropuerto y sobre los recursos que genera.
Según el PSC, permitir esta reforma abriría la puerta para que el Gobierno central retome competencias municipales en otras áreas como tránsito o agua potable.
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El Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo es considerado uno de los principales motores económicos de Guayaquil.
De acuerdo con datos citados por autoridades municipales, la terminal genera aproximadamente 30 millones de dólares al año y administra un fideicomiso cercano a los 400 millones de dólares destinado a infraestructura y mantenimiento.
Para la administración local, estos recursos y la operación del aeropuerto forman parte de un modelo de gestión que ha sido reconocido por su eficiencia durante más de 20 años.
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