Una vez conocida la sentencia judicial que dio vía libre para que prosiga la construcción de la carretera Progreso-Playas, con una estación de peaje en el kilómetro 84 de la comuna San Antonio, pobladores de varias localidades aledañas anuncian que se acogerán a la resistencia.

El pasado jueves, Andrés León Naula, juez de la Unidad Multicompetente de Playas, falló a favor de la compañía Verdú y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y declaró improcedente un recurso de protección interpuesto por el Municipio de Playas y pobladores de Posorja, Progreso, Engabao y El Morro.

El juez consideró que el Estado no necesita socializar y consultar sobre una obra pública, salvo que se trate de un caso de recursos naturales no renovables.

Ese día, en las afueras de la unidad judicial, transportistas, dirigentes barriales y de comunas rechazaron la sentencia. Luego se dirigieron al kilómetro 84 y cerraron la vía por una hora.

El alcalde de Playas, Dany Mite, dijo que apelará la resolución judicial y que recurrirá a otras instancias. “Los derechos del pueblo sí fueron violentados al no consultarse la obra e imponérsela, sin dar una compensación, como sí lo han hecho con Santa Elena y Guayaquil”, sostuvo.

Según el burgomaestre, Verdú (empresa que constituyó CVialco para que recaude y ejecute los trabajos) socializó la obra en Santa Elena y no en Playas. “Nunca nos dijeron nada sobre el peaje, eso ya es una vulneración de los derechos del pueblo. La lucha continúa”, advirtió.

Por su parte, Gabriel Barona, vocero de la compañía CVialco, concesionaria de la vía, que es parte de la carretera Guayaquil-Santa Elena, insistió en que el MTOP sí cumplió con el proceso de socialización de la obra, con el apoyo de la empresa.

Indicó que así consta en las pruebas presentadas en el proceso. “En el fondo del asunto, es claro que no existe violación o vulneración alguna de derecho constitucional, y así lo ha declarado el juez”.

Barona afirmó que la concesionaria seguirá con el cumplimiento del contrato, aunque no precisó una fecha para el reinicio de los trabajos, ya que prevé una apelación a la sentencia, luego de que esta sea notificada por escrito a las partes.

Para el MTOP, la justicia demostró que se trata de un proyecto legal y sostenible. “No hay tal perjuicio para los habitantes de Playas”, dijo ayer Gabriel Martínez, titular de esa cartera de Estado, en respuesta a los protestas.

El funcionario llamó al diálogo al alcalde Mite para posibilitar obras complementarias a cargo del MTOP, como por ejemplo mejoramiento de calles urbanas, “para de esta manera aportar al desarrollo de Playas”, indicó.