Personas desaparecidas en Ecuador: Casos aumentan ante fallas del sistema de búsqueda

Para los familiares de las personas desaparecidas, el reloj es el peor enemigo. Eso se refleja en casos como el de Marcos Cedeño, un guardia de seguridad que desapareció tras viajar por trabajo a la isla Puná, el domingo 14 de junio del 2026. Se cumplen 15 días desde su partida. Sus parientes no supieron más de él, pero guardan la esperanza de que se encuentre con vida.

La desesperación crece ante la falta de resultados investigativos que permitan conocer su paradero. Un drama que se replicó sin piedad en cinco familias más. Ese domingo, Marcos salió hacia Puná junto otros cinco celadores para retirar un cargamento de camarón y transportarlo custodiado a Guayaquil. Sin embargo, no volvieron más a sus casas.

De los seis guardias, uno de ellos, Néstor Zala Ordóñez, ya fue encontrado. Pero, trágicamente, lo hallaron sin vida flotando cerca de la isla, enlutando a su familia y aumentando el temor para quienes aún buscan a los otros cinco.

“Marcos nos dijo que no iba a poder contestar más porque se le iba la señal”, recuerda Juan Núñez, familiar de Cedeño. El día de la desaparición, perdieron contacto con él a partir de las 19:00.

“Desde la empresa donde trabajaban nos dicen que están haciendo la búsqueda, pero no vemos resultados”, acotó consternado el hombre.

Este desgaste emocional es una situación constante cuando ocurren este tipo de casos. Lidia Rueda, vicepresidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec), explica que la situación ha empeorado. Prácticamente, la vida de las familias se trastoca amargamente desde la desaparición.

De acuerdo con datos de la asociación, en promedio se registran 20 denuncias diarias por desapariciones en Ecuador, lo que representa unos 600 casos al mes.

En medio de este volumen alarmante de casos, las familias deben lidiar no solo con la ausencia, sino con estafadores y extorsionadores. Esto se da cuando los allegados difunden afiches con sus números telefónicos personales para recibir información, pero exponiéndose a ser contactados por delincuentes que exigen dinero a cambio de datos falsos. Por eso recalca la importancia de acudir a dependencias judiciales, policiales o a organizaciones civiles especializadas en ayudar en este tipo de casos.

A la incertidumbre de las familias se suman las profundas falencias operativas y estructurales en los entes de seguridad. Kléber Carrión, experto en seguridad y oficial en servicio pasivo de la Policía Nacional que integró la Unidad Antisecuestro y Extorsión (Unase), señala que el fenómeno actual de las desapariciones es altamente complejo porque está mayormente atravesado por dinámicas del crimen organizado.

Según el especialista, los grupos criminales están implicados en parte de esta problemática bajo tres escenarios: 

Carrión explica que luchar contra el crimen organizado es diferente a enfrentar a la delincuencia ordinaria. Las estructuras delictivas planifican actos mucho más elaborados y cuentan con logística a su favor. Además, operan bajo estrictos códigos de lealtad y miedo, lo que imposibilita que alguien delate estos actos.

El experto también apunta que existen limitantes en la Policía Nacional que dificultan la búsqueda de personas desaparecidas. Uno de ellos es la falta de recursos para el pago de informantes. Una estrategia aplicada en otros países y que, bajo una comprobación estricta que valide los datos recibidos, puede facilitar la localización de desaparecidos.

El déficit de equipos encubiertos que trabajen bajo un esquema investigativo y de inteligencia empeora también la capacidad de respuesta institucional frente a los casos que van apareciendo.

“Políticamente es mejor tener presencia uniformada en las calles, que da la percepción de seguridad, antes que la presencia desapercibida de personal encubierto, pero que muchas veces da un resultado más idóneo”, asevera.

Lidia Rueda expone que el Estado no ha incrementado el personal especializado. Es decir, los investigadores capacitados para detectar pistas claves en las búsquedas.

Las malas prácticas de funcionarios también entorpecen el arranque de las investigaciones. Rueda enfatiza que aunque las campañas oficiales aseguran que la denuncia debe ser receptada en las unidades judiciales de forma inmediata, sin importar las horas transcurridas desde la desaparición, en la práctica eso queda en “letra muerta”.

En ocasiones, los servidores públicos tienen ‘de aquí para allá’ a las familias, hasta finalmente admitir la denuncia. Un trámite que se entorpece más durante feriados y fines de semana, revela la dirigente.

“Necesitamos que sean unos agentes más empáticos. A veces se ponen a revictimizarles, a decirles que su ser querido seguramente ya se fue con alguien, que a lo mejor no regresa por estar festejando o que está con los amigos”, revela.

¿Qué acciones hace el Estado por los desaparecidos?

Frente a los cuestionamientos, el Estado difunde públicamente su operatividad a través del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Extraviadas y Respuesta a las Víctimas, en el que también están disponibles datos de los desaparecidos, los ciudadanos hallados y dónde denunciar.

En el último informe de rendición de cuentas de dicho sistema, correspondiente a 2025, se detalla que en el año 2023 se capacitó y sensibilizó a 430 personas entre servidores públicos, actores estratégicos y ciudadanía en general. En 2024 el alcance fue de 1.600 personas. Y de enero a junio de 2025, 568 personas.

Adicionalmente, entre 2023 y 2024 se han coordinado 55 activaciones de servicios de atención y acompañamiento dirigidas a víctimas directas e indirectas de desaparición, en articulación con entidades como el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, el Ministerio de Salud Pública y la Defensoría Pública. Entre enero y junio de 2025 se coordinaron 207 activaciones, con un alcance de 386 personas.

En cuanto al eje de investigación, se ha implementado el Protocolo de Actuación Interinstitucional para el Registro de Denuncias, Investigación, Localización y Cierre de Casos, así como mecanismos de coordinación entre Fiscalía, Policía Nacional y Ministerio del Interior.

Sin embargo, las familias y organizaciones civiles exigen soluciones de fondo. Piden más capacidad operativa y de personal, para responder a esas ausencias que van pesando cada día.

Nuevos puntos geográficos de afectación en Ecuador

La crisis ha mutado geográficamente y expone nuevos blancos. Rueda alerta sobre un incremento alarmante de casos de pescadores desaparecidos en altamar, mencionando tragedias recientes que involucran embarcaciones que zarparon desde Manta y Esmeraldas.

Resalta que debido a problemas de competencia institucional entre la Policía, la Fiscalía y la Armada del Ecuador, no hay un registro único de desaparecidos, generando un subregistro y entorpeciendo la ayuda.

De igual forma, se reportan decenas de adolescentes y niños desaparecidos, así como migrantes ecuatorianos retenidos o extraviados en fronteras extranjeras, casos que se reportan desde Asfadec pero que no llegan a los registros oficiales.

Para Rueda, sería ideal la creación de una Dirección Nacional de Desaparecidos bajo la tutela de la Fiscalía General del Estado, dotada de presupuesto propio y autónomo, para desconcentrar las investigaciones de otros delitos comunes.