El pasaje en Guayaquil subirá hasta 50 centavos, pero bajo estas estrictas condiciones

El Concejo Cantonal de Guayaquil aprobó la tarde de este martes 30 de junio, en segundo y definitivo debate, el cuarto punto del orden del día correspondiente a la reforma de la ordenanza que regula el sistema de transporte público urbano en la ciudad. La votación se cerró con mayoría de votos a favor, dos votos en contra y una abstención, abriendo la puerta a una reingeniería del sistema que condiciona el alza del pasaje a la modernización de las unidades.

A pesar de la aprobación, al cierre de la sesión extraordinaria no se especificó la fecha exacta en la que el Municipio empezará a transferir la compensación económica a los transportistas.

Un modelo condicionado: 180 días de transición

La reforma aprobada establece que durante los primeros 180 días (seis meses) la tarifa para la ciudadanía se mantendrá en 30 centavos. Durante este periodo de transición, el Municipio —a través de la ATM— asumirá una compensación mensual de $1.134 por cada unidad activa, lo que significará una inversión pública superior a los 13 millones de dólares durante el año 2026.

Sin embargo, concejales de la mayoría alineada al proyecto enfatizaron que estos recursos no representan un beneficio a ciegas.

Modernización obligatoria: Para acceder a la compensación y posteriormente elevar la tarifa, los transportistas deberán incorporar el sistema de cobro electrónico, GPS para control de rutas, mejoras en la carrocería y cumplir con la Revisión Técnica Vehicular (RTV) obligatoria en Guayaquil (actualmente, menos del 40% de la flota lo hace en el cantón).

La nueva estructura tarifaria: Concluidos los seis meses, los buses que cumplan con la tecnología básica (sistema ITOR, validadores electrónicos y GPS) podrán cobrar 45 centavos. Aquellos que además sumen aire acondicionado y wifi estarán autorizados a cobrar 50 centavos. Los buses tipo express y ejecutivos también registrarán ajustes proporcionales (hasta 35 y 40 centavos, respectivamente).

Posturas divididas y debate en el Concejo

A pesar de su aprobación, el debate dejó en evidencia las discrepancias políticas e institucionales respecto a quién debe asumir el costo de la crisis del transporte, agudizada por la eliminación del subsidio estatal al diésel.

A favor de la ordenanza: "No es un cheque en blanco"

Los concejales Terry Álvarez y Blanca López defendieron el proyecto argumentando que prioriza al usuario y sienta las bases para acabar con la "guerra por el centavo". López recalcó que el Concejo estará en primera línea fiscalizando y que la ATM sancionará de inmediato los incumplimientos. Por su parte, la alcaldesa encargada, Tatiana Coronel, señaló que la ciudadanía no se opone a pagar más si el servicio dignifica al usuario con climatización y seguridad.

En contra: "El pasaje sube hoy y lo pagará el pueblo"

Las concejalas Nelly Pullas y Cinthia García votaron en contra. Pullas argumentó que la solución de fondo debe ser la focalización del subsidio al combustible por parte del Gobierno Central y propuso reducir a cero los aranceles e IVA para repuestos. García criticó la narrativa municipal: "El pasaje sube hoy (...) y será financiado por todos los guayaquileños a través de la ATM. En diciembre, ese costo lo asumirán directamente los ciudadanos, especialmente los más pobres", fustigó, responsabilizando tanto al Gobierno Nacional como al Concejo Municipal.

Abstención: "Un acto de fe"

La concejala Ana Choez optó por la abstención (repitiendo su postura del primer debate) haciéndose eco de los reclamos de organizaciones sociales y del Observatorio Ciudadano de Políticas Públicas, quienes mediante una carta formal criticaron la falta de socialización del proyecto. Choez comparó la medida con el "aporte social" de la Metrovía, calificando el proceso como un sistema de "ensayo y error" que genera incertidumbre en una ciudadanía cuyo salario no cubre la canasta básica.

El reclamo ciudadano en la antesala

Horas antes de la sesión, diversos colectivos como la Unión Nacional de Usuarios y Consumidores y el Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos emitieron un pronunciamiento público exigiendo que no se aprobara ningún incremento sin garantías previas.

Entre sus demandas principales constaban la implementación de una caja común real para los transportistas, una veeduría ciudadana e institucional para vigilar el recaudo, y que el sistema de pago electrónico sea interoperable (permitiendo tarjetas bancarias y billeteras digitales) para evitar monopolios tecnológicos.