Robos en las calles, los callejones y los taxis; hurtos en los almacenes y tiendas del barrio; además de playas y parques llenos de consumidores de droga, son las situaciones y escenarios que hoy tienen a los habitantes de Playas (General Villamil) sumergidos en el temor.

La inseguridad ronda en el cantón, advierten los ciudadanos, y no necesariamente ahora, en la era poscovid, sino todo el año. El último delito reportado sucedió el pasado viernes en las oficinas de la compañía de taxis Ocean Car, en la avenida Jaime Roldós Aguilera, en el centro de la ciudad.

Dos hombres bajaron de un vehículo, amenazaron a la operadora con un cuchillo, la encerraron en el baño y se le llevaron celulares y objetos de valor, Al día siguiente, otro taxista, esta vez de la compañía Tarruenza, fue abordado por dos sujetos que lo obligaron a llevarlos a una tienda ubicada en Data de Villamil y, en el transcurso, también le robaron.

En el primer caso, la policía capturó al conductor del vehículo, pero fue liberado horas después. Y en el segundo, el detenido fue el taxista. Permaneció día y medio encerrado por investigación. Ambos hechos causaron indignación. “No es posible que a los perjudicados los investiguen como deberían hacer con los delincuentes, a quienes los sueltan sin tantos trámites. Es injusto”, cuestionó Wilter Salmerón, gerente de Ocean Car.

Según datos de la Policía, en comparación al 2019, los delitos cometidos en lo que va del año reflejan una reducción del 40 % (el año pasado hubo 237 y ahora, 143), aunque los habitantes lo niegan, alegando que hay un subregistro de cifras.

“Aquí hay robos todos los días, unos grandes, otros pequeños. Falta control, somos un balneario turístico, no sé qué están esperando. ¿Quieren acaso que la poca gente que está empezando a venir no venga?”, precisa César Mera, propietario de un restaurante.

En el centro de Playas, el corazón del comercio en la localidad, dos cadenas comerciales de electrodomésticos hace poco fueron víctimas del hampa. En todos, los delincuentes ingresaron como clientes y al mínimo descuido de los trabajadores se llevaron laptops y celulares. Olga Yagual, del departamento de ventas de Marcimex, uno de los negocios afectados, asegura que ha indagado en el tema y les han alertado de una posible banda que opera en este cantón y en otros aledaños como Daule y Samborondón.

La inseguridad no tiene horario. Y es que en la noche, como pasó con las oficinas de Servientrega en octubre, según denuncia su dueño Gustavo Auria, los antisociales abrieron la puerta enrollable y se llevaron las encomiendas. A Nubia Burgos, propietaria de un gabinete, los delincuentes, en cambio, entraron por el techo y se le llevaron todos los productos de belleza.

Frente a esta situación, el coronel Paúl Enrique Tobar, jefe del distrito Playas, asegura que se están tomando acciones. Han aumentado los operativos en los sitios donde se han cometido los delitos (para ello se está haciendo un seguimiento georreferencial de los casos); y los fines de semana ha aumentado la vigilancia en el malecón y los balnearios.

“Hay personal a pie y motorizado haciendo las rondas. Por las restricciones, las personas no deben pisar la playa pasadas las 17:00, aun así la vigilancia se mantiene”, precisa Tobar, quien defiende que con los 102 agentes con los que cuenta la entidad sí logran cubrir y proteger la zona.

El comerciante Paúl Reyes expresa que los monitoreos en el balneario a esa hora son oportunos y deben mantenerse. “A esa hora son los consumidores de droga quienes se instalan en la arena o las cabañas que allí se levantan, todo eso es inseguridad”, dice; al coincidir con la residente Karen Vásquez, quien ante ese panorama ha dejado de hacer sus paseos frente al mar.

Sobre esta problemática, EXPRESO preguntó al Municipio las medidas que se tomarán para frenar los delitos, y aunque argumentó que este tema no les compete, el alcalde Dani Mite precisó -sin entrar en detalles- que está coordinando acciones. “Aquí nos hace falta hasta un cuartel, cuando llegan refuerzos policiales debemos pedir colaboración a los hoteles”, mencionó.

Pero para los consultados, las autoridades deberían mirar más hacia los jueces, cuyo trabajo es, en ocasiones, cuestionado por dejar en libertad “aún con pruebas” a los presuntos asaltantes. Esta, una idea que es rechazada por el fiscal Walter Suárez, quien asegura que eso solo pasa cuando no hay denuncias, las partes llegan a acuerdos conciliatorios o los denunciantes abandonan los casos.