Los asaltos y crímenes registrados en los exteriores de las unidades educativas, así como las ‘vacunas’ que piden los extorsionadores a profesores, mantienen preocupados a los padres de familia. Ellos aseguran que esto trastoca la educación de sus hijos, quienes se ven obligados a recibir clases en medio de la angustia originada por la inseguridad.

Los hechos lo demuestran. A finales de enero pasado el cuerpo de un hombre fue hallado a una cuadra de la escuela Tránsito Amaguaña, en la cooperativa Balerio Estacio. Dos meses después otro cadáver apareció a pocos metros de la escuela Manuel Sandoval, en el cantón Durán.

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Mientras que el 5 de mayo, un hombre fue asesinado en el paso peatonal ubicado en la avenida de Las Américas, junto al colegio fiscal Aguirre Abad.

Esta situación origina zozobras en la comunidad educativa de la zona 8 que abarca los cantones Guayaquil, Durán y Samborondón, cuyos miembros aseguran que la presencia de la Policía Nacional es escasa en los alrededores de los planteles, en donde solo se observa a los agentes metropolitanos que vigilan el ingreso y salida de los estudiantes, pero solo en unos cuantos establecimientos públicos.

“Estamos desesperados. Nadie nos garantiza la seguridad de nuestros hijos”, dice Joselyn Terranova, madre de dos menores a quienes todos los días va a dejar y a retirar del plantel, ubicado en la Balerio Estacio.

Cuenta que de vez en cuando llegan militares y policías a resguardar la zona. “Pero solo van a tomarse una foto y luego se retiran. También están presentes cuando algún medio de comunicación realiza alguna cobertura periodística”, asegura indignada.

Rocío Mendieta, otra representante, lamenta que este plantel no conste en el registro de colegios priorizados por las autoridades. “Nos hemos reunido con otros padres para solicitar al gobernador del Guayas que incluya al centro educativo en la lista de planteles seguros, para ver si de esta manera recibe el resguardo de la policía”, señala.

A este complicado ambiente se suman las extorsiones. En la escuela fiscal Blanca García Plaza de Arias, ubicada en el sector de Nueva Prosperina, noroeste de la ciudad, las amenazas de cobro de ‘vacunas’ continúan.

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Muchos padres callan por temor a represalias contra ellos y sus hijos. Pero quienes se atreven a denunciar aseguran que los extorsionadores están haciendo llegar panfletos donde advierten que deben entregar dinero si quieren estar tranquilos.

Para Mercedes Solórzano, madre de tres pequeños que se educan en ese plantel, esta situación no es nueva.

“La vivimos a finales del curso lectivo anterior y por ello las autoridades tuvieron que suspender las clases presenciales y retomar la virtualidad, como lo hicieron en pandemia. Pero ahora no queremos que eso suceda, ya que los niños no tienen ni un mes de haber empezado el nuevo ciclo escolar y necesitan estar con sus maestros y compañeros para un mejor aprendizaje”, añade, al reiterar que vive con el temor de que en cualquier momento ocurra alguna desgracia.

El mismo problema lo afrontan otros planteles como el Violeta Luna, ubicado en Ciudad Victoria. Un padre de familia, que pidió el anonimato, cuenta que los extorsionadores le piden a los maestros un dólar cada día a cambio de seguridad. “Estamos aterrados y no tenemos el apoyo de nadie. Nosotros no sabemos qué hacer”, recalca, mientras espera en los exteriores del plantel que toque el timbre de la última hora de clases para llevar a su hijo a su casa que queda a dos cuadras.

Varios locales están resguardados por agentes metropolitanos, quienes se ocupan de mantener el orden en los alrededores y evitar que alguna irregularidad se produzca. Están presentes al ingreso y salida de los chicos.