El duro golpe al patrimonio de Aquiles Álvarez: los bienes que le quitó la Policía

El pasado 18 de junio, la Policía Nacional ejecutó medidas judiciales dentro del caso Goleada, una investigación por presunto lavado de activos que involucra al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y a otras 16 personas. El proceso, como ha venido publicando EXPRESO, investiga una presunta red vinculada a la comercialización irregular de combustibles, que habría derivado en la adquisición de bienes inmuebles por varios millones de dólares, según la hipótesis de la Fiscalía.

Incautaciones en Guayaquil y Samborondón

Según un informe de la Unidad Nacional de Delitos contra el Sistema Financiero y Económico (Undecof), ese día se incautaron al menos seis inmuebles relacionados con las empresas Fiorema S.A. y Ternape Petroleum S.A. El bien de mayor valor está ubicado en Puerto Hondo y está tasado en aproximadamente 2 millones de dólares.

También se incluyen terrenos, departamentos, parqueaderos y bodegas en zonas residenciales de alta plusvalía en La Puntilla, Samborondón, vinculados a la estructura empresarial bajo investigación.

Los bienes quedaron bajo custodia de Inmobiliar, entidad encargada de administrar activos incautados en procesos judiciales.

Otros bienes no pudieron ser incautados

La Policía no logró ejecutar la totalidad de las órdenes judiciales. En total, seis inmuebles no fueron intervenidos. Entre ellos consta una vivienda en Isla Mocolí, en Samborondón, presuntamente vinculada al alcalde y valorada en más de 1 millón de dólares, además de otros departamentos relacionados con Fiorema S.A.

Según la Undecof, la ejecución no se concretó porque los inmuebles estaban habitados por personas en situación de vulnerabilidad, incluidos menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidad.

La defensa pidió revisión de medidas

La defensa solicitó la revisión de las medidas cautelares, argumentando que uno de los inmuebles corresponde al domicilio habitual de menores y de una persona con discapacidad visual certificada.

Con ese argumento, el equipo legal pidió modificar o levantar la orden de incautación. La audiencia fue reprogramada para el 29 de junio de 2026.

Qué investiga el caso Goleada

El caso Goleada investiga un presunto esquema de lavado de activos que, según la Fiscalía, estaría vinculado a ingresos provenientes de la comercialización irregular de combustibles.

La hipótesis fiscal sostiene que estos recursos habrían sido canalizados hacia la compra de bienes inmuebles por varios millones de dólares, lo que motivó la aplicación de medidas cautelares para evitar su transferencia o disposición.