Decenas de comerciantes de la Bahía se mantienen en protesta por la clausura de al menos 319 islas comerciales por parte del Municipio, las cuales empezaron a cerrarse el pasado 1 de marzo y han continuado esta semana.

Los vendedores se hicieron presentes en la ceremonia de reinauguración de una Unidad de Policía Comunitaria (UPC) ubicada en las calles Pedro Carbo y Chiriboga, a la cual asistió el gobernador de la provincia del Guayas, Alberto Molina, a quien le solicitaban ayuda para solucionar el inconveniente.

Sin embargo, una vez concluido el evento, el Gobernador se retiró sin escucharlos, lo que provocó la molestia de los vendedores, que empezaron a hacer públicos sus reclamos. 

Uno de los comerciantes perjudicados, quien no quiso identificarse por miedo a represalias, indicó que parte del malestar se da porque no les informaron los motivos de las clausuras, sino que los agentes municipales llegaron a cerrar los negocios sin dar explicaciones. Esta situación, sin embargo, la desmienten incluso algunos comerciantes del lugar.

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“Les han cerrado porque no contaban con los documentos en regla para poder continuar laborando con normalidad. Se ha cumplido el plazo que les dieron para regular todo”, aseguró uno de ellos, que también solicitó que no se publicara su identidad para evitar roces con los ahora afectados.

El Municipio, como publicó EXPRESO en un reportaje anterior, en diciembre les había otorgado a estas 319 personas tres meses para actualizar y sacar los papeles que requerían para trabajar, pero incumplieron con la fecha.

Este 6 de marzo durante un recorrido de este Diario por los callejones y paseos comerciales de la Bahía, se corroboró que decenas quioscos estaban clausurados y tenían pegados sellos con fechas que iban del 1 al 4 de marzo, pero en todos se indicaba que el motivo era por “incumplimiento de ordenanzas municipales”.

Franklin Coloma, representante de varias asociaciones de comerciantes de la Bahía, detalló que el Municipio les había dado un plazo de 90 días, corriendo desde noviembre de 2023, para que puedan regularizar su situación; sin embargo, debido al tiempo que tardan los procesos y por el número de comerciantes, que supera los 4.300, el tiempo resultó insuficiente, dijo.

Añadió que se ha pedido una prórroga de 120 días para realizar los trámites, pero que Fernando Cornejo, director de Aseo Cantonal, Mercados y Servicios Especiales municipal, expresó que los afectados deben acercarse a las comisarías para que cada caso sea evaluado de forma individual.  

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