Las quejas y plantones de los conductores de vía a la costa, Puerto Inca (Guayas) y los miles de comentarios que a diario se leen en las redes sociales de EXPRESO, en torno a los radares que, a su juicio, están defectuosos; provocaron que la Defensoría del Pueblo actúe y abra dos expedientes para pedir respuestas a la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) sobre el tema.

El pasado martes, EXPRESO entrevistó al nuevo director ejecutivo de la CTE, Ernesto Pólit; quien pese a las medicas y reclamos, aseguró que no se ha comprobado que los equipos están dañados, por lo que la única salida para resolver los reclamos está en impugnar; aunque la ciudadanía rechaza su argumento y enciende todavía más la indignación colectiva.

“El señor Pólit no ve el daño que se reclama a gritos, que se denuncia a diario. Un daño que es más que evidente”, reclamó Andrea Ríos, representante de los perjudicados en Puerto Inca; al leer las justificaciones que el funcionario da en torno a las sanciones que solo en ese territorio tiene alterado a cerca de 100 conductores.

Para Eduardo Estrada, otro de los perjudicados, las respuestas del director de la CTE so vergonzosas. “Pólit se olvida que hace poco más de un mes fue ‘civil’ y sujeto a los abusos que hoy defiende con ahínco. ¿O es que ya era parte de la mafia del tránsito antes?”, señaló.

Para especialistas en movilidad como Carlos Jiménez, las respuestas de Pólit reflejan, al menos por ahora, que se está lavando las manos. Frente a ello, lo que sugieren es que se hagan públicos los informes y estudios que confirmen que los dispositivos están funcionando de forma idónea.

“La CTE debe transparentar en la página web, el calendario y los certificados de calibración de cada uno de los equipos georreferenciados”, comentó Carlos Salvatierra, especialista en Transporte y Movilidad; al hacer hincapié en que solo a través de esas medidas la ciudadanía podrá confiar o no en el sistema.

“Se debe solicitar además una reforma legal para garantizar que el propio ciudadano pueda representarse en caso de impugnación, sin el patrocinio obligatorio de un abogado; y que el usuario por sus medios crea conveniente defenderse con las pruebas que presente”, añadió; al referirse a otra de las problemáticas que se presentan.

Francisco del Pozo, delegado provincial de la Defensoría del Pueblo, luego de revisar las pruebas emitidas por los denunciantes, reconoció que se están vulnerando sus derechos, por lo que se acogió al pedido de que se anulen las multas y se les devuelva el dinero. “Ya enviamos dos oficios a la CTE y esperamos los informes técnicos sobre el estado de los dispositivos que envían las multas para, de confirmar el error, proceder a la defensa ”, explicó el abogado; que estima tener los resultados en un plazo máximo de tres semanas.