Descontrol, peligro y vacío legal por motos eléctricas en Guayaquil

Conductores de scooters y tricimotos eléctricas circulan por el centro de Guayaquil cometiendo infracciones viales ante un vacío legal por parte de la Agencia Nacional de Tránsito y la inacción de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM).

Operan al margen de la ley

Son las 15:00 de un miércoles en el centro de Guayaquil. El sol obliga a buscar sombra, pero el semáforo detiene la marcha. Una camioneta de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) respeta la luz roja. No así un scooter eléctrico con dos ocupantes sin casco. Ignorando la señal, toma una curva cerrada hacia la calle Olmedo. No hay prudencia y, en las narices de la autoridad, tampoco sanción.

En otro punto, entre Pedro Carbo y 10 de Agosto, un ciudadano asiático recarga su tricimoto eléctrica con un largo cable extendido en la acera. “Me ayuda a vender más rápido y no gasta mucho”, justifica a este Diario. Cuenta que la compró en la Bahía en un remate navideño. Un colaborador añade: “Esto es el futuro, todos vamos a usar estos”. Sin embargo, ese “futuro” rueda hoy sobre un vacío legal.

Durante un recorrido por el casco comercial, EXPRESO evidenció la proliferación de estos vehículos cometiendo múltiples infracciones: circulan en contravía, invaden aceras y burlan semáforos. Se solicitó a la ATM información sobre operativos o normativa local, ya que en redes sociales han señalado que su circulación está prohibida. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta: un silencio institucional que se replica en las calles, donde los agentes ven pasar estos vehículos sin inmutarse.

Riesgo de siniestros y falta de ordenanza

Javier Rojas, abogado especialista en Derecho Procesal Penal, advierte que el riesgo es el aumento de siniestros y la dificultad para establecer responsabilidades. “Si un conductor de estos atropella a alguien, ¿cómo se procesa penalmente? Hay una inacción total de las autoridades locales (ANT y ATM) para normarlos, pese a que ya han causado muertes en Guayaquil”, cuestiona.

Rojas precisa que aunque la ley de tránsito nacional no contemple matrículas formales para estos modelos, el Municipio tiene la competencia para expedir ordenanzas que regulen su circulación y prohíban su uso en vías rápidas o pasos a desnivel.

Paola Carvajal, directora de la fundación Movidana y experta en seguridad vial, recalca que la competencia recae en el Cabildo. “Existe una obligación municipal de regular, pero no hay legislación clara, sumada a la falta de control de los agentes”. Carvajal añade un agravante: el ingreso de estos aparatos al país suele darse bajo subpartidas arancelarias de juguetes. “Eso limita el control inicial, pero abre una oportunidad para que los municipios intervengan”

Ingresan como juguetes a Ecuador

Para Álvaro Miranda, director de la carrera de Tránsito de la Universidad Bolivariana del Ecuador (UBE), la movilidad eléctrica es un aporte, pero sin reglas se convierte en un “peligro silencioso”. Señala que la ciudad requiere con urgencia una ordenanza de micromovilidad. “Al ingresar como juguetes, son operados por menores o personas sin formación en tránsito. En el centro mueven carga sin ninguna seguridad”.

Miranda sugiere categorizarlos por peso y velocidad de fábrica. “No digo que deban tener placas, pero sí exigir parqueo, cursos de educación vial y respeto a las señales. Hoy son invisibles para la ley”.

Esta anarquía es, irónicamente, el principal atractivo para el comprador. Erick Vargas, usuario de una moto eléctrica desde hace años y que usa casco por decisión propia, admite la ventaja de la inacción estatal. “Una vez un policía me paró y me pidió papeles. Le dije: ‘¿Qué le enseño, la factura?’. No debo tener ningún documento. La compré porque es más cómoda, no gastas gasolina y no hay que matricularla”, relata.

Y sobre una eventual normativa de la ATM, Vargas es pragmático: “Sería bueno que haya educación vial. Si meten controles, no me queda de otra (que acatarlos)”.

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