A menos de dos semanas de desarrollar una asamblea comunitaria con dueños de negocios y representantes de los comités barriales de Urdesa, la Alcaldía de Guayaquil procedió a clausurar varios locales ubicados en ese sector del norte de la ciudad, los cuales aparentemente no contaban con los permisos respectivos.

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La situación generó protestas a nivel de redes sociales, como la de Francesca Ferrero, expresidenta de la Asociación de Restaurantes del Guayas y propietaria del conocido restaurante MoroGril, situada en la calle Guayacanes.

“Y para complicarle más la vida a la gente en esta gran crisis, Municipio clausurando en masa locales en Urdesa Central. Entre las vacunas, la delincuencia y esta falta de empatía municipal quiebran a medio Guayaquil, la Víctor Emilio”, escribió Ferrero en su cuenta de Twitter.

No obstante, en respuesta, la Dirección de Justicia y Vigilancia informó que en el operativo rutinario que realizaron a lo largo de la Av. Víctor Emilio Estrada “constatamos que en varios locales comerciales se expendían bebidas alcohólicas sin tener permisos de funcionamiento. Además, hemos recibido varias denuncias ciudadanas sobre negocios que alteran el orden del sector”.

Para Ferrero, es importante distinguir entre los comercios que tienen impedimento por trámites cruzados entre instituciones u ordenanzas y quienes incumplen por no querer (muchos por no tener, por todas las desgracias de los últimos treinta meses).

Según cuenta, se empezaron a realizar visitas para solicitar los respectivos permisos y los que no tenían les colocaron la correspondiente clausura.

“Lo que nos llamó la atención es que existen en estos barrios , que antes eran residenciales y ahora comerciales, problemas de predios o regularización de construcciones, de edificaciones, temas de bomberos... cuando hay más que nada estos cambios de ordenanzas de usos de suelo, es imposible que el establecimiento pueda avanzar en el trámite porque no existe ni siquiera un pronto pago para el permiso del trámite y que uno pueda trabajar”, explica preocupada al ver que, el pasado 21 de septiembre, masivamente se clausuraron locales de Urdesa, argumentando en algunos que se vendían bebidas alcohólicas.

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Desde su experiencia, añade, conoce el status de más de 4.000 establecimientos de la provincia y, por lo que, desde esa época solicitaba la intervención y la ayuda estatal para regularizar el apoyo a los formal. “La intención es que todos estemos regularizados, nuestro apoyo a la ciudad y viceversa. Lo que preocupa es lo de ahora, aparte de las vacunas, de las extorsiones, la caída de la facturación que, en algunos casos, llega a más de 60 % por la falta de clientes, tenemos esa sensación de persecución por parte de la Alcaldía...”.

De allí que pide un diálogo y una vía directa de regularización para que “nos escuchen, que nos sentemos a dialogar a los representantes y que lleguemos a un acuerdo del sector formal, el sector empresarial que quiere trabajar. Nos vacunan, nos roban los carros afuera del establecimiento, en Urdesa no hay un alma, no se vende nada...”, exhortó Ferrero.

Mediante un comunicado, el Municipio informó que durante el recorrido efectuado esta semana se notificaron a alrededor de 80 locales de Urdesa, para que obtengan la documentación necesaria y se clausuraron tres por no contar con los permisos correspondientes. "La regularización de negocios brinda seguridad a los ciudadanos porque

cuentan con la certeza de que son lugares lícitos y que cumplen con la normativa vigente", señaló el Cabildo tras asegurar que los robos en este circuito se redujeron en un 75% entre la semana 24 y 37 del presente año, luego de las intervenciones integrales coordinadas por la empresa municipal Segura EP.

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