Las extorsiones o el cobro de ‘vacunas’ es una práctica delictiva que mantiene en vilo a los guayaquileños. En la mayoría de casos no se presenta ninguna denuncia por temor a represalias. Sin embargo, la Policía insiste a las víctimas que hagan conocer estas irregularidades.

Guayaquil encabeza la lista con más quejas por extorsiones. En 2021, en la Fiscalía se denunciaron 424 casos. En 2022, estas se triplicaron a 1.276, mientras que en lo que va del 2023 ya se han colocado 174 querellas, según reportes de la entidad. A nivel nacional la cifra llega a 13.120.

Comedores, farmacias y algunos locales comerciales siguen siendo víctimas de la inseguridad. Sus propietarios son obligados por grupos delincuenciales a pagar ‘vacuna’ a cambio de protección, en caso de no hacerlo, les hacen daño.

Tal como ocurrió en octubre pasado en Ciudad Victoria, noroeste de Guayaquil, donde supuestos ‘vacunadores’ asesinaron a la propietaria de una tienda que durante seis meses la extorsionaron exigiéndole $ 30. Al negarse a seguir entregándoles dinero, ingresaron hasta su local y le proporcionaron dos tiros frente a sus hijos.

Ante esta situación, algunos propietarios de negocios se han visto obligados a cerrar sus locales para no ser blanco de los hampones.

Víctor Brito es uno de ellos. Él tenía una picantería en la ciudadela Las Orquídeas, norte de la ciudad; pero las continuas llamadas telefónicas donde le pedían dinero para dejarlo trabajar tranquilo, así como los panfletos con mensajes amenazantes que amanecieron un día al pie de su local, le hicieron tomar la decisión de cerrarlo y dedicarse a la venta de comida bajo pedido. “Es complicado ir de casa en casa; pero estoy más tranquilo porque llevo más de seis meses que nadie me molesta”, indica.

El 31 de enero pasado se hicieron públicos los videos en que aparecen presuntos vacunadores repartiendo panfletos amenazantes a los moradores de este sector.

“Tengan un cordial saludo, el motivo de este comunicado es para informarle que empezaremos a visitarlos para que nos ayuden con una pequeña colaboración, ya que de a poco nos iremos acercando para indicarles por cada familia, con el fin de esperar su apoyo y no tener problemas o tomar represalias con sus bienes y familia”, decía el escrito.

Brito señala que él no denunció su caso por temor a represalias. “Uno tiene que quedarse callado por la familia y porque puede perder mucho más. La gente calla, porque si uno va a denunciar a la policía esta no lo protege y el documento queda como un archivo más”, anota.

Aunque no todas las denuncias se logran investigar, la Policía cree que reportar una llamada extorsiva es ‘vital’, porque permite dimensionar no solo en cifras ese delito, sino, también, ubicar las zonas más afectadas, determinar el ‘modus operandi’ e identificar a los delincuentes o bandas organizadas, que han hecho que en los últimos años se disparen las cifras de extorsiones.

En la ciudadela Miraflores, también en el norte, los dueños de negocios, especialmente de restaurantes, están preocupados por la pérdida de clientes.

“Ya no vienen muchos comensales como antes. La inseguridad de la ciudad los ha limitado”, reconoce el propietario de una parrillada ubicada en la avenida central de la ciudadela.

Incluso, en esta zona hay algunos locales donde funcionaban cangrejales o servicio de fotocopiado que han sido puestos en venta desde hace dos meses, sin que hasta ahora haya interesados en adquirirlos.

El 5 de enero pasado, el Pleno de la Asamblea aprobó el proyecto de ley que reforma nueve cuerpos legales, endureciendo penas como la extorsión con la privación de libertad de hasta 10 años.

Hay escepticismo en la ciudadanía, porque las cifras oficiales de la Fiscalía reflejan la baja respuesta de la justicia, ya que entre 2021 y 2023 se han presentado 13.130 denuncias de extorsiones a nivel nacional y solo se han emitido 54 sentencias.