Con el Jesús en la boca, así vive María Mendoza y su familia cada vez que ocurren enfrentamientos armados    al interior del recinto carcelario de Guayaquil. Y, en este año, ese cada vez se vuelve semanal o casi diario, lo que perturba la paz no solo de quienes viven en sectores aledaños, sino de los residentes y propietarios de negocios particulares, en las urbanizaciones más cercanas.

A pesar de vivir en la urbanización Portón de Beata, a un kilómetro de la conocida Penitenciaría del Litoral, la más turbulenta de los cinco Centros de Rehabilitación Social (CRS) que tiene la ciudad, María asegura que esas luchas internas de los privados de la libertad los deja a ellos prácticamente incomunicados y con una sensación de inseguridad. “Nos pasamos intranquilos porque siempre vemos los helicópteros que están buscándolos, se suelen escuchar hasta las balaceras por acá. Escuchamos las noticias que se han escapado tantos reos y lo que hacemos es no salir, porque estamos cerca”, relata la madre de familia.

Su hija Milena Ricaurte corrobora ese temor. “La gente tiene miedo. Se supone que debe haber más seguridad allá que acá, pero lamentablemente no la hay. Uno no sabe si en algún momento se puedan meter a la ciudadela o a la (cooperativa) San Francisco y hacernos daño”.

Mayra Sánchez labora en la urbanización Beata Mercedes Molina, ubicada también a un kilómetro de la conocida ‘Peni’. Su comentario no dista del expuesto por las residentes del Portón de Beata.

“Cuando hay esas alteraciones    me ha cogido hasta las cinco de la tarde sentada (en la parada de buses) porque no hay ningún vehículo que nos traslade, los vehículos ni entran ni salen por el bloqueo de la vía, tanto de aquí como en la Daule (...) también la preocupación de que alguien que escape (de la cárcel)    pueda venir y meterse a la casa, por eso donde trabajo paso encerrada con candado”, señala.

Cuando ocurren enfrentamientos como el registrado entre el 23 y 24 de febrero de 2021, en tres cárceles del país -entre ellas la Penitenciaría-, que dejaron un total de 79 reos muertos, las acciones policiales se extienden también al cierre de la vía a Daule.

“Se dan cierres en la principal para tener un mayor control de seguridad, en paralelo a lo que adoptan dentro de la ‘Peni’ y estar atentos para que no ingresen (en caso de fugas) por las zonas montañosas que bordean las ciudadelas que se encuentran cerca y para evitar que ingresen por el Chorrillo, Ciudad de Dios”, explica uno de los policías que está asignado al control de esos sectores.

A pesar del patrullaje preventivo que realiza la policía en las urbanizaciones Mi Lote y Villa Bonita, Félix Freire expresa que su familia entra en pánico cada vez que conocen que hay disturbios en las cárceles.

“No sabemos realmente lo que va a suceder, son delincuentes peligrosos y algunos más peligrosos que otros. Nos dejan en zozobra más que todo cuando cierran la vía y uno no puede entrar al domicilio ni a los negocios. Eso nos baja las ventas porque de todas maneras la gente se encierra en sus domicilios, ya no sale y eso ocurre cuando hay disturbios en la Penitenciaría, que es casi todas las semanas”, relata el residente de Villa Bonita.

A pesar de vivir en una ciudadela y a un kilómetro del recinto carcelario, Freire sostiene que deben lidiar con esa situación externa para ellos. No se ha escuchado que se internen por acá, simplemente nos perjudica con el tema del cierre de vía, porque es una sola entrada y salida”, señala.

Con él concuerda Geovanny Abad, de taxirruta Villa Bonita Exprés, quien detalla que cuando ocurren esos cierres los residentes que no tienen vehículo propio deben hacer    trasbordo, lo que les toma entre 3 a 4 horas. Generalmente, señala como referencia que los bloqueos    se realizan desde el kilómetro 13,5 hasta la Penitenciaría, que es el km 17. “En la anterior masacre (la de febrero)fueron cinco días aproximadamente que cerraron la vía, lo hacían de 8 a 11 de la mañana y luego de 2 a 6 de la tarde”, detalla el conductor al añadir que eso les afecta bastante como residentes y dueños de negocios.

Una riña entre presos del CRS-1 de Guayaquil generó    una última alarma el pasado domingo 22 de agosto de 2021.

El coronel Fabricio Silva, comandante del Distrito Pascuales, manifestó que de acuerdo con los protocolos que maneja la Policía Nacional se instaló el puesto de mando unificado, desde donde se dieron las disposiciones y lograron controlar el centro. La revuelta dejó un preso muerto y otro herido.

Esta vez, las estrategias policiales no incluyeron el cierre de la vía y tampoco “se sintió” en las zonas aledañas. Pero quienes deben avanzar obligadamente por el recinto carcelario también sienten temor. “Cuando vengo en el carro tengo que circunvalar frente a la Penitenciaría para entrar acá (Beata Mercedes Molina). En una balacera nos matan”, comenta Mayra Sánchez. Aún la estremece la matanza que ocurrió en febrero en las cárceles, que a un kilómetro del sitio, no sabía cómo regresar a su casa.

Daniela Marcillo dice que no pueden hacer nada por cambiarse. Aunque se inquieta con su esposo cada vez que escucha helicópteros que sobrevuelan el sector, la casa que tienen en la Beata Mercedes Molina es propia. “Lo que hacemos es encerrarnos por el miedo que se salga un preso y llegue hasta acá”.

El periodista Luis Alberto Peñalosa, residente de la misma urbanización, resalta que la preocupación no solo es en la ciudadela, sino en todo el país, por el crecimiento del narcotráfico, el asalto, el robo.

“Eso -sostiene- les corresponde a las autoridades de Gobierno para que  pongan fin a esto, porque de lo contrario el Ecuador tiene una pandemia más grande que es la inseguridad social, económica y financiera”.