"A veces pasan semanas sin trabajo": la vida de pescadores en zonas donde operan las mafias

Los Choneros, Los Lobos y Los Tiguerones no aparecen únicamente en expedientes policiales. El Informe de Caracterización del Crimen Organizado en Ecuador 2025, el más reciente del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), señala que estas estructuras compiten por territorios, especialmente en zonas costeras, y funcionan como proveedores logísticos para redes internacionales de narcotráfico.

En esos mismos territorios existen comunidades donde conseguir un ingreso estable puede ser difícil. El OECO advierte que la situación socioeconómica debe formar parte de las políticas de prevención y pide priorizar a jóvenes, desempleados, personas en situación de pobreza y menores que han quedado fuera del sistema educativo.

Trabajo por días

En Pozo de la Sabana, entre Montecristi y Jaramijó, Wendy Delgado cuenta que una de las pocas actividades disponibles para algunas mujeres depende de la llegada de camiones cargados de pescado. Por limpiar una gaveta de pinchagua reciben $2; si es botella, $1,50.

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Con tres camiones, una trabajadora podría completar unas seis gavetas. Pero eso no ocurre todos los días. “A veces pasan semanas enteras sin trabajo”, dice Delgado. Cuando llega un solo vehículo, el ingreso puede quedarse en apenas $2 o $3.

El problema laboral trasciende a Manabí. Según datos de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (Enemdu) Anual 2024, publicados por el INEC en 2025 y recogidos por el OECO, alrededor del 35 % de la población tenía empleo adecuado y el 21 % estaba en el subempleo.

Además, el 52,4 % de las personas ocupadas trabajaban en la informalidad. Y en el área rural, esa proporción llegaba al 73 %.

La pesca tampoco garantiza ingresos permanentes. Lorgio Muñoz tiene 77 años y comenzó a trabajar en el mar cuando apenas tenía 14. Más de seis décadas después, resume la situación actual así: “Por el lado del pescador, está mala la cosa. Bien difícil”.

Explica que cuando hay producto, el dinero no queda únicamente en manos de quien sale en la lancha. También venden las tiendas, los pequeños comercios y los ambulantes. Cuando escasea, ese movimiento también se detiene. La gasolina se consume igual y los equipos continúan desgastándose, aunque la faena no produzca.

Deudas y robos

Para quienes financiaron sus herramientas con préstamos, el problema se agrava. Muñoz sostiene que existen pescadores que comprometen terrenos o viviendas para acceder a créditos y luego deben cubrir las cuotas aunque la pesca no responda.

A esa carga se suma la inseguridad. “Aquí se han llevado (robado) motores como usted no se imagina”, admite el pescador. Hugo Alfredo Sabando Santana, habitante de Jaramijó y servidor del gobierno local, coincide con él y relata que los trabajadores se endeudan para comprar sus implementos y después pueden perderlos por robos.

La provincia cerró 2025 con 1.271 homicidios intencionales, de acuerdo con el boletín anual del OECO. Manabí concentró el 13,79 % de las muertes violentas del país y alcanzó una tasa de 74,1 homicidios por cada 100.000 habitantes.

Además, la Zona 4, que comprende Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas, fue la zona de planificación con el mayor incremento de homicidios entre 2024 y 2025: pasó de 938 a 1.427 víctimas, un aumento del 52,1 %.

Pocas opciones

Sabando pone el foco directamente sobre los jóvenes. Según él, la mayoría busca “un trabajo digno”, pero la falta de empleo y la inseguridad les dificultan encontrar una ocupación estable en Jaramijó.

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Cuando durante la entrevista se le pregunta si la falta de oportunidades podía empujar a los muchachos hacia actividades ilícitas, responde que precisamente se necesitan empleos y seguridad para que las nuevas generaciones “no cojan ese mal camino”.

La advertencia de Sabando concuerda con el enfoque preventivo del OECO. El organismo no sostiene que el desempleo convierta automáticamente a una persona en delincuente, pero sí identifica la falta de trabajo, la pobreza y la exclusión educativa como condiciones que deben atenderse para impedir que la criminalidad siga expandiéndose.

Estudiar afuera

En Pozo de la Sabana, esas limitaciones comienzan desde la escuela. Delgado señala que el plantel de la comunidad llega solamente hasta séptimo año. Quienes quieren continuar sus estudios deben salir hacia otros sectores.

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La comunidad tampoco cuenta con un servicio regular de transporte para los estudiantes. Doris Quijije explica que para cursar la universidad, unos deben desplazarse hasta Jaramijó, otros a Montecristi y algunos jóvenes a Manta. Los propios padres coordinan y pagan a los transportistas y vehículos que llevan a sus hijos.

Ni siquiera terminar una carrera asegura una oportunidad cercana. Delgado afirma que existen habitantes con títulos universitarios que no han podido ejercer su profesión porque no consiguen empleo.

A eso se suma que, según la misma habitante, alrededor de Pozo de la Sabana no existen empresas. El bus que circula por la zona transporta únicamente a trabajadores y no funciona como servicio regular para la comunidad.

Educación y empleo, desafíos pendientes

La movilidad también representa un gasto para quienes deben salir. Delgado señala que una mototaxi cobra $1 por persona para ir desde la comunidad hasta Jaramijó y hasta $2 para regresar.

Ese último valor equivale a lo que algunas mujeres reciben por limpiar una gaveta completa de pinchagua.