Prisión preventiva para 21 implicados en red de armas transnacional

Un juez especializado en delincuencia organizada ordenó prisión preventiva contra 21 personas procesadas por integrar una presunta red internacional de tráfico de armas. Solo dos de los detenidos recibieron medidas alternativas, tras un operativo ejecutado de forma simultánea en Ecuador, Colombia y Perú.

La decisión se produjo luego de una audiencia de formulación de cargos que se extendió por varias horas en Quito, donde la Fiscalía presentó los indicios recopilados durante la investigación.

Estructura abastecía a disidencias de las FARC y a Los Lobos

De acuerdo con las indagaciones, la organización no solo operaba en territorio ecuatoriano, sino que tenía como destino final proveer armamento a disidencias de las FARC en Colombia, así como a estructuras delictivas locales como Los Lobos.

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El caso evidencia la conexión entre economías ilegales y grupos armados que operan en distintos puntos de la región, con redes logísticas capaces de cruzar fronteras y mantener un flujo constante de armas.

Ruta del tráfico: ingreso desde Perú y envío hacia Colombia

Las investigaciones determinaron que el armamento ingresaba desde Perú por las provincias de El Oro y Loja. Una vez en Ecuador, era trasladado hacia el norte, desde donde se distribuía hacia Colombia. 

En provincias como Imbabura y Carchi se identificaron inmuebles utilizados como centros de acopio. En estos puntos se almacenaban armas y municiones antes de su envío final, bajo la custodia de miembros de la organización.

Las autoridades también detectaron que en la ciudad de Ipiales, en Colombia, operaba un enlace clave encargado de coordinar el abastecimiento hacia grupos disidentes.

Durante el proceso investigativo se ejecutaron múltiples decomisos en ambos países, lo que permitió reconstruir las rutas utilizadas y dimensionar el alcance de la estructura criminal.

Investigación de casi un año y despliegue masivo

El operativo es resultado de aproximadamente once meses de trabajo investigativo que incluyó seguimiento, allanamientos y cooperación internacional entre fiscalías y policías de los tres países involucrados. 

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Para la intervención se desplegaron cerca de 400 agentes policiales y 76 fiscales, en una de las acciones más amplias contra el tráfico de armas en lo que va del año.

Un policía entre los implicados y antecedentes penales

Entre los detenidos figura un integrante de la Policía Judicial, lo que refuerza las alertas sobre posibles niveles de infiltración en instituciones encargadas de la seguridad.

Además, varias de las personas procesadas ya contaban con antecedentes por delitos relacionados con armas y explosivos. Según información oficial, algunos de ellos habían recuperado su libertad anteriormente mediante medidas sustitutivas u otras resoluciones judiciales.