Ley de Aviación Civil exigirá registrar los drones en Ecuador

Por primera vez, la legislación aeronáutica ecuatoriana incorporaría un capítulo específico para regular las aeronaves no tripuladas. Los drones deberán registrarse y obtener las autorizaciones correspondientes antes de operar, según el proyecto de Ley Orgánica de Aviación Civil que será tramitado por la Asamblea Nacional.

Con esta propuesta, los drones dejarían de ser considerados únicamente como equipos tecnológicos destinados a actividades recreativas, comerciales o institucionales. El proyecto busca integrarlos a un marco específico dentro de la legislación aeronáutica, con reglas para su importación, registro y operación en Ecuador.

El capítulo IV de la iniciativa está dedicado a las aeronaves no tripuladas y entrega a la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) la responsabilidad de registrarlas, autorizarlas, controlarlas y fiscalizar sus operaciones.

La normativa se aplicaría a los drones privados y públicos. Sin embargo, excluiría a las aeronaves no tripuladas pertenecientes a las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, debido a las funciones especiales que cumplen estas instituciones.

¿Qué drones deberán registrarse en Ecuador?

De acuerdo con Juan Pablo Franco, director general de Aviación Civil, la regulación obligatoria comenzará con los equipos cuyo peso supere los 250 gramos. Este parámetro coincide con estándares internacionales utilizados para establecer controles diferenciados sobre las aeronaves no tripuladas.

Uno de los principales cambios incluidos en el proyecto es la obligación de inscribir estos dispositivos en el Registro Aeronáutico Nacional. El trámite permitiría identificar al propietario y mantener un registro sobre el uso y las características del equipo.

La presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea, Valentina Centeno (ADN), explicó que el registro se realizaría mediante un procedimiento simplificado y completamente en línea.

Según la legisladora, el objetivo es identificar los drones utilizados en actividades como monitoreo, agricultura, seguridad, producción audiovisual y otros servicios. De esta manera, las autoridades podrían conocer quién es responsable de cada aeronave y mantener la trazabilidad de sus operaciones.

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Importación de drones estará sujeta a controles previos

El proyecto también establece requisitos para los equipos adquiridos fuera de Ecuador. Un dron importado no podrá ser nacionalizado, desembarcado ni liberado por la autoridad aduanera si previamente no cuenta con la homologación técnica, autorización o registro administrativo exigido por la DGAC.

Para aplicar esta disposición, la autoridad aeronáutica deberá coordinar acciones con el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, el Comité de Comercio Exterior y otras instituciones relacionadas con el ingreso de mercancías al país.

El propósito es evitar que las aeronaves no tripuladas ingresen sin identificación o sin cumplir las condiciones técnicas previstas por la legislación. Los procedimientos específicos deberán desarrollarse posteriormente mediante la reglamentación correspondiente.

Policía y Fuerzas Armadas participarán en los controles

La fiscalización de los drones no quedaría exclusivamente en manos de la DGAC. La Policía Nacional, en coordinación con la autoridad aeronáutica, podrá supervisar las operaciones en todo el territorio y verificar que se realicen conforme a la ley.

Las Fuerzas Armadas, por su parte, mantendrán las competencias relacionadas con la seguridad y protección del espacio aéreo nacional.

Centeno explicó que la regulación también responde a los riesgos derivados del uso de drones por parte de organizaciones delictivas. Como ejemplo, mencionó un operativo reciente en el que dos personas fueron detenidas en posesión de un dron de gran tamaño, presuntamente adaptado para transportar explosivos.

La asambleísta aseguró que el Ministerio del Interior presentó observaciones al proyecto y planteó la necesidad de crear un registro obligatorio como medida de seguridad. La identificación de los equipos permitiría establecer responsabilidades cuando sean empleados en actividades ilícitas.

Multas por volar drones cerca de incendios forestales

La iniciativa establece restricciones para determinadas operaciones. Una de ellas se relaciona con los incendios forestales: operar un dron en el espacio aéreo cercano a una emergencia de este tipo será considerado una infracción muy grave.

La restricción busca evitar interferencias con helicópteros, avionetas y otros medios utilizados para combatir el fuego. La prohibición no se aplicará a los drones operados por los servicios públicos que participen directamente en la atención del incendio.

Las infracciones muy graves podrían ser sancionadas con multas de entre 21 y 30 salarios básicos unificados. El proyecto también contempla la suspensión temporal, de tres a seis meses, del permiso o certificado de operación correspondiente.

¿Qué ocurrirá con los drones utilizados para cometer delitos?

El proyecto determina que, cuando una aeronave no tripulada sea utilizada para cometer una infracción penal, su incautación deberá efectuarse mediante la coordinación de las instituciones competentes y respetando las atribuciones establecidas en la legislación.

Este procedimiento permitirá que el equipo pueda ser retenido como parte de una investigación, sin que la DGAC, la Policía o las Fuerzas Armadas excedan sus respectivas competencias.

Con estas disposiciones, el proyecto busca responder al crecimiento del uso de drones en actividades particulares, comerciales, públicas y de seguridad. La propuesta pretende combinar su aprovechamiento tecnológico con mayores controles sobre el espacio aéreo y la prevención de riesgos para las personas y sus bienes.

Según Centeno, la iniciativa formará parte de la agenda legislativa del Pleno de la Asamblea Nacional del 25 de septiembre de 2026.