Laura Yagual asume la Alcaldía de Esmeraldas tras proceso contra Vicko Villacís

La vicealcaldesa Laura Yagual asumió oficialmente la Alcaldía subrogante de Esmeraldas la mañana de este jueves 4 de junio, luego de que el Concejo Municipal aprobara la solicitud de vacaciones presentada por el alcalde Vicko Villacís por 44 días. El pedido fue tratado durante una sesión ordinaria en la que los concejales resolvieron conceder la licencia para que el burgomaestre pueda ejercer su defensa dentro del proceso penal que impulsa la Fiscalía General del Estado por presunto lavado de activos.

Tras la reunión, Yagual confirmó que desde ese momento quedó al frente de la administración municipal y aseguró que la transición no provocará interrupciones en los servicios ni en la ejecución de obras. La funcionaria sostuvo que la prioridad será fortalecer la presencia institucional en los barrios y dar continuidad a los proyectos que actualmente se encuentran en marcha. También anticipó que se realizarán intervenciones emergentes en sectores que presentan problemas viales y de infraestructura.

“Vamos a continuar con las obras que se están realizando. No habrá interrupciones en ningún sentido”, manifestó Yagual. Añadió que su gestión estará enfocada en atender necesidades que, según afirmó, han permanecido rezagadas durante los últimos años, especialmente en materia de mantenimiento vial y presencia territorial del Municipio. La alcaldesa subrogante indicó además que impulsará procesos de fiscalización interna y coordinación con organismos de control para transparentar la gestión municipal.

Entre las acciones anunciadas constan la reorganización del equipo caminero del cabildo, la ejecución de trabajos nocturnos y la priorización de intervenciones integrales en vías consideradas críticas por la ciudadanía. Según explicó, el objetivo será dejar atrás soluciones temporales y avanzar hacia obras de mayor durabilidad en distintos sectores de la ciudad.

Por su parte, el concejal Jorge Perea defendió la decisión del Concejo y sostuvo que la solicitud presentada por Villacís se enmarca en un derecho laboral contemplado por la ley. Recordó que el alcalde continúa ejerciendo formalmente el cargo mientras no exista una resolución judicial que determine otra situación y consideró que el período de vacaciones permitirá al funcionario concentrarse en su defensa.

Perea enfatizó que las acusaciones formuladas por la Fiscalía no guardan relación con la administración municipal ni con la gestión del Cabildo esmeraldeño. “Ninguno de los hechos investigados tiene que ver con el Municipio de Esmeraldas. Son situaciones de carácter particular que deberán ser esclarecidas en la justicia”, señaló. Asimismo, descartó que exista riesgo de paralización institucional y recordó que la normativa establece que la vicealcaldesa debe asumir temporalmente las funciones en caso de ausencia del alcalde.

Audiencia se prolongó hasta este jueves

La situación judicial de Villacís se agravó la noche del miércoles 3 de junio, cuando la Fiscalía formuló cargos en su contra y contra otras siete personas por su presunta participación en una estructura dedicada al lavado de activos. La audiencia se instaló en el Complejo Judicial Norte de Quito y se extendió durante varias horas hasta la mañana de este jueves.

La diligencia debía reinstalarse a las 15:00 para que la jueza del caso anunciara las medidas cautelares que se impondrán a los procesados. La investigación involucra además a funcionarios judiciales y particulares que, según la teoría de la Fiscalía, habrían integrado una red destinada a ocultar recursos de origen presuntamente ilícito mediante diversas operaciones financieras.

La detención de Villacís ocurrió durante el operativo denominado Blindaje, ejecutado de manera simultánea en varias provincias del país. En total fueron capturadas ocho personas, entre ellas un juez de la provincia de Sucumbíos y otros funcionarios vinculados al sistema de justicia. Las aprehensiones se realizaron tras una investigación que se desarrolló durante aproximadamente un año.

De acuerdo con la información expuesta por las autoridades, el caso se originó a partir de una alerta emitida por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), que detectó movimientos económicos considerados inusuales. A partir de esa notificación, los organismos de inteligencia financiera iniciaron un seguimiento que permitió identificar transacciones y operaciones que habrían levantado sospechas sobre el origen de los recursos movilizados.

Las investigaciones apuntan a que la presunta organización habría manejado entre 15 y 17 millones de dólares mediante mecanismos diseñados para ocultar la procedencia del dinero. Entre las estrategias identificadas constarían transferencias a terceros, movimientos financieros complejos y la utilización de empresas relacionadas para dificultar el rastreo de los fondos.

Frente a los cuestionamientos sobre el origen de parte de los recursos investigados, el abogado Gustavo García Guerrero, defensor de Villacís, sostiene que los montos observados por la Fiscalía corresponden a honorarios profesionales percibidos por la prestación de servicios legales a trabajadores y exservidores de Petroecuador en distintos procesos laborales.

Según esta versión, los depósitos que aparecen en los informes financieros no tendrían relación con actividades ilícitas, sino con pagos efectuados por clientes que contrataron sus servicios como abogado. La defensa argumenta además que dichos ingresos cuentan con respaldo documental y que durante el proceso buscará demostrar la legalidad de las transacciones que hoy forman parte de la investigación.

El ministro del Interior, John Reimberg, afirmó que los análisis financieros realizados durante la investigación permitieron detectar patrones que revelarían la existencia de una estructura organizada para encubrir recursos de origen presuntamente ilícito. Según indicó, esos hallazgos fueron determinantes para la ejecución del operativo y las posteriores detenciones.

Dentro del expediente fiscal también aparece la empresa Reypezpacific S.A., en la que Villacís figura como principal accionista. Las autoridades sostienen que la compañía mantendría vínculos con personas y empresas que actualmente son objeto de investigación por presunto lavado de activos. Mientras la defensa prepara sus argumentos para refutar las acusaciones, la expectativa se concentra ahora en la resolución judicial que definirá la situación procesal del alcalde de Esmeraldas y de los otros siete implicados en el caso.