El cuerpo de Mónika Silva lleva cuatro meses en el centro forense de Santa Elena

Han transcurrido cuatro meses desde la muerte de la activista polaca Mónika Martyna Koniuszek, conocida en Ecuador como Mónika Silva, y su cuerpo permanece en una cámara frigorífica del Centro Forense de Santa Elena.

Mientras los trámites para su repatriación continúan lentamente, familiares, amigos y defensores de derechos humanos denuncian la falta de información sobre el avance de las investigaciones y exigen que se esclarezcan las circunstancias de su fallecimiento.

“No hay información concreta de cuándo se podrá retirar el cuerpo de Mónika ni sobre cómo avanzan las investigaciones de su muerte”, expresó el activista Alfonso Ortiz la mañana de este jueves 8 de octubre, durante una concentración realizada en los exteriores de la Unidad Técnica de Patología Forense de Santa Elena. Junto a otros ciudadanos, Ortiz colocó pancartas para exigir transparencia en un caso que ha conmocionado a la provincia y al país.

Mónika Silva fue hallada sin vida la tarde del 8 de junio en la vivienda donde residía, ubicada en el barrio El Tigrillo, en Montañita. Un día después del hallazgo, el ministro del Interior, John Reimberg, manifestó en una entrevista radial que el caso era investigado inicialmente como un presunto suicidio. Sin embargo, los resultados de la necropsia cambiaron el rumbo de las investigaciones al determinar que la muerte fue violenta y habría sido provocada por la intervención de un tercero.

A pesar de que la Fiscalía de Polonia solicitó formalmente a las autoridades ecuatorianas la repatriación del cuerpo para continuar las investigaciones en territorio europeo, el proceso no ha podido concretarse debido a una serie de obstáculos administrativos. El traslado estaba previsto para el 10 de septiembre, pero fue suspendido a última hora debido a inconsistencias en la documentación presentada para la entrega de los restos.

Según se informó, el poder legal otorgado por la madre de la activista no especificaba el nombre de la persona autorizada para recibir el cuerpo, lo que obligó a detener el proceso. Desde entonces, se han gestionado nuevos documentos con el propósito de superar las observaciones realizadas por las autoridades ecuatorianas y lograr que el féretro pueda ser trasladado a Polonia.

La prolongada permanencia del cadáver en la morgue ha incrementado la preocupación entre quienes siguieron de cerca el trabajo de Mónika Silva. Sus simpatizantes esperan que la repatriación se concrete en el menor tiempo posible para rendirle un homenaje póstumo y despedirla de la provincia por la que dio tanto y le costó su muerte.

Los familiares de la activista solicitaron la intervención de la Fiscalía polaca para coordinar acciones con su similar de Ecuador y agilizar tanto la entrega del cuerpo como las diligencias investigativas. Mientras tanto, organizaciones defensoras de derechos humanos continúan acompañando el caso y monitoreando su evolución.

“Parece que hay factores poderosos que impiden que se conozca la verdad sobre el asesinato de Mónika”, manifestó Ortiz, quien aseguró que los documentos requeridos por el fiscal para autorizar la entrega del cuerpo ya habrían sido remitidos al Ministerio Público. Sin embargo, hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial sobre la fecha en que se completará el proceso de repatriación.

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) y el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (CEPAM), entidades que representan legalmente a los familiares de Silva en Ecuador, tampoco han informado cuándo podría concretarse el traslado de los restos hacia Europa.

La lucha de Mónika Silva

Para numerosos habitantes de la provincia de Santa Elena, Mónika Silva se convirtió en un símbolo de lucha. A través de sus redes sociales difundió información relacionada con supuestos actos de corrupción en instituciones públicas, señalando con documentos y evidencias presuntas irregularidades en contratos, obras inconclusas y gestión de recursos estatales.

Su activismo también trascendió el ámbito provincial. En diversas publicaciones cuestionó la actuación de funcionarios públicos y denunció la falta de respuestas a procesos presentados ante la Fiscalía y la Contraloría General del Estado. Su postura frontal la llevó a enfrentar acciones judiciales y a recibir constantes cuestionamientos, situaciones que afrontó públicamente sin abandonar sus denuncias.

“Aún con vida” era una de las frases que repetía en los videos que compartía en redes sociales. La expresión se convirtió en una especie de sello personal y era utilizada como una respuesta a las amenazas que aseguraba recibir por su trabajo de denuncia.

Hoy, tras su muerte y mientras su cuerpo continúa lejos de su tierra natal, esa frase resuena con fuerza entre quienes exigen verdad, justicia y respuestas para un caso que sigue envuelto en incertidumbre.