Caso de niños desaparecidos: Casas de acogida de menores, sin un plan de acción efectivo

La desaparición de ocho niños de la Casa Hogar María Campi de Yoder, en Conocoto, Quito, dejó al descubierto una pregunta que trasciende el caso: ¿qué tan seguro es un lugar al que el Estado confía la protección de los menores más vulnerables?

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Aunque seis de ellos ya fueron localizados y dos continúan desaparecidos, el episodio puso bajo la lupa los mecanismos de control, vigilancia y respuesta de los centros de acogida administrados o supervisados por el Ministerio de Desarrollo Humano y Vivienda (antes MIES).

El caso también expuso que proteger a un niño no se limita a brindarle un techo, alimentación o restringir su salida de un centro de acogida. Cuando un menor queda bajo la tutela del Estado, la obligación abarca garantizar su seguridad integral, verificar que los protocolos se cumplan de forma permanente, ofrecer acompañamiento psicológico y construir entornos de confianza que prevengan nuevas fugas.

La falta de coordinación institucional, el déficit de supervisión y las limitaciones del sistema de protección son factores que hoy vuelven a estar en el centro del debate público.

Ante estos cuestionamientos, EXPRESO solicitó una entrevista con la ministra de Desarrollo Humano, Zaida Rovira, para conocer los protocolos vigentes y las medidas que deberían fortalecerse tras la fuga de los menores. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta, por lo que este medio consultó a especialistas en seguridad, psicología y protección de la niñez para analizar el caso.

Esteban Bernal, exministro del MIES, comentó que la responsabilidad sobre la protección de los niños bajo el sistema de acogida recae directamente en el Estado, al convertirse en su tutor legal. En ese sentido, recalcó que la cartera de Estado debe garantizar tanto la seguridad de los menores como la supervisión permanente del cumplimiento de los protocolos. “El Ministerio debe garantizar su cuidado y seguridad”, enfatizó.

Para Bernal, el modelo de gestión de las casas de acogida no es el principal problema, sino las falencias en la coordinación entre instituciones. Indicó que la falta de jueces especializados en niñez y adolescencia retrasa por años los procesos para reintegrar a los menores con sus familias o avanzar hacia una adopción. “El modelo de gestión creo que no es el criticable… Lo que creo que no funciona alrededor de esto es la parte interinstitucional”.

En cuanto a las políticas públicas, el exministro afirmó que la prioridad debe ser garantizar recursos suficientes para que los protocolos de protección se apliquen de manera efectiva. Advirtió que la falta de financiamiento ha provocado que algunas casas de acogida operen sin las condiciones necesarias para resguardar a los menores. “No puede ponerse en vulneración ni un solo dólar que va justamente a que se precautele que las políticas de seguridad y los protocolos sean efectivamente cumplidos”.

¿Cuál es la mirada de una psicóloga?

Para la psicóloga Paola Cercado, la prevención de nuevas fugas no debe limitarse a reforzar controles o medidas de seguridad. En su opinión, la protección de los menores pasa por construir nexos de confianza entre los niños y los profesionales encargados de su cuidado, mediante un acompañamiento emocional permanente. “La prevención no puede basarse exclusivamente en medidas de seguridad física… Es necesario fortalecer espacios de escucha activa y el acompañamiento emocional permanente”.

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Cercado cuestionó que los centros de acogida solo se preocupen de la alimentación y alojamiento de los menores, dejando de lado su bienestar emocional. A su criterio, los niños necesitan contención afectiva y espacios donde puedan expresar el dolor derivado de sus experiencias de abandono o violencia.

El MIES debería por un momento ser humano, por un momento dar lo que realmente un niño necesita. Y no es solo lo material.Paola Cercado, psicóloga.

La especialista agregó que los menores requieren un acompañamiento psicológico sostenido, para procesar sus experiencias y evitar que sean estigmatizados tras su retorno a los centros de acogida. Además considera indispensable que todo el personal reciba formación en pedagogía y contención emocional, para responder adecuadamente a las necesidades de los niños. “No son solo los niños los que necesitan un tratamiento sostenido. Todos, desde el director del centro de acogida hasta la persona que hace aseo, necesitan cursos y talleres”, planteó.

Kléber Carrión, exdirector y exfundador de la Unidad Nacional de Investigación, Antisecuestros y Extorsión (Unase), coincidió con Bernal en que el Estado tiene una responsabilidad directa en la seguridad de los menores que permanecen en centros de acogida o bajo medidas de protección. Insistió en que al estar bajo custodia estatal, las instituciones competentes deben garantizar su integridad en todo momento. “El Estado, al final del día, termina siendo el custodio de estas personas e incumple esta función de ser un custodio adecuado”.

Carrión considera indispensable determinar si la salida de los menores del centro respondió a una decisión propia o si existió participación de terceros. Y añadió que la coordinación entre las autoridades es determinante para esclarecer los hechos y establecer responsabilidades. “Con los que han sido encontrados debería estar ya cursando una investigación para determinar si hubo o no hubo evasión”.

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El experto resaltó que la normativa vigente para menores infractores resulta insuficiente frente a delitos de alta gravedad y planteó abrir un debate acerca de la necesidad de fortalecer las medidas socioeducativas. A su juicio, el sistema actual no logra la rehabilitación ni la reinserción efectiva de quienes son captados por grupos delictivos. “Las medidas socioeducativas no funcionan adecuadamente. Al final, no hay una rehabilitación adecuada ni una reinserción adecuada”, concluyó.