Desaparición de ocho niños en Conocoto revela desprotección estatal

Hoy, miércoles 1 de julio de 2026, se cumplen cuatro días de la alerta Emilia que emitió la Fiscalía, el sábado 27, por la desaparición de ocho niños que salieron de la Casa Hogar María Campi de Yoder, ubicada en Conocoto, en Quito. 

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Según reportó la Policía Nacional, seis menores fueron localizados hasta la noche del lunes. Sin embargo, dos niños: Darianyelis Valeria Rosales, de 12 años, y Luis Eduardo Torres Ojito, de 10, ambos de nacionalidad venezolana, seguían desaparecidos hasta el martes.

El caso ha conmocionado a la opinión pública y genera dudas sobre la protección que las autoridades brindan a los menores en ese tipo de centros, como el de Conocoto, que es administrado por el Ministerio de Desarrollo Humano.

Mientras se espera que todos los menores sean localizados a la brevedad posible, activistas y defensores de derechos humanos han cuestionado la falta de protección del Estado para las personas que están bajo su cuidado institucional, no solo en este caso, sino en hechos recientes como los fallecimientos de presos en las cárceles o los decesos de pacientes por falta de medicinas en hospitales públicos.

María Dolores Miño, directora del Observatorio de Derechos Humanos y Justicia (ODJ), dice que el Estado “tiene la obligación de prevenir posibles riesgos o situaciones que puedan comprometer el ejercicio de los derechos de las personas que están bajo su protección". 

"En este caso se ve, se siente un descuido generalizado hacia ciertos sectores de lo social: en el ámbito de las medicinas, en educación hay abandono estatal. El caso de los niños evidencia que no hubo un cuidado diligente para evitar que ellos se expongan a situaciones de riesgo”, resalta.

Sybel Martínez, de la Alianza de Derechos Humanos, coincide con ese criterio. “Cuando alguien -sea adulto o niño- está a cargo del Estado, es él quien debe garantizar sus derechos. No puede actuar como un tercer observador, sin sentir que tiene responsabilidad. Debe garantizar que no haya violaciones ni vulneraciones, sino su vida digna”, manifiesta.

Manuel Martínez, de Pacto por la Niñez, atribuye la situación a “las políticas de ajuste, que han debilitado de forma muy fuerte la política social, con cambios institucionales basados en austeridad, cuando debería haber inversión y protección social”.

Las implicaciones de la falta de protección

Los defensores de derechos humanos sostienen que ignorar estos cuestionamientos podría provocar consecuencias.

“Es terrible lo que está pasando. La falta de protocolos de atención del Estado afecta a la comunidad, a las personas que tienen enfermedades, esto se va a desbordar. Se hizo recomendaciones, pero el no tomarnos en cuenta hará que se incrementen los casos como los de tuberculosis”, opina Ana Morales, directora del Comité de Familiares por una Vida Digna Dentro y Fuera de las Cárceles.

Aparte de las consecuencias sociales y sanitarias, Miño menciona las implicaciones legales. 

“Cuando esto pasa, las personas recurren a medios que no son adecuados para subsistir, es allí donde se ve que el crimen organizado se infiltra más para incidir. Además, la desatención del Estado genera el caos en cárceles, el caos social de estar buscando a los niños y, en el ámbito legal, el Estado deberá responder por las consecuencias nacionales e internacionales”, indica.

Sybel Martínez, en cambio, habla de los efectos políticos y judiciales. “Se debe buscar responsabilidad, la Asamblea debería fiscalizar la actuación del Ministerio, que podría devenir en un juicio político". 

"Hay que analizar las responsabilidades de los equipos técnicos que están a cargo de los centros, los casos podrían derivar a Fiscalía y hasta denuncias contra el Estado ante tribunales internacionales. También debería actuar la Defensoría del Pueblo, pero no entiendo por qué no lo ha hecho en estos casos”, cuestiona.