Alerta ciudadana activó investigación por presunta corrupción en Educación, según Neira

Una alerta ciudadana recibida en abril de 2026 dio origen a la investigación sobre una presunta red de corrupción en el Ministerio de Educación, según José Julio Neira, secretario de la Administración y portavoz de la Presidencia. Las indagaciones derivaron en el allanamiento del edificio matriz de la institución, en Quito, el 13 de octubre de 2026.

En un video difundido en su cuenta de X el 14 de octubre de 2026, Neira explicó que la información proporcionada por un ciudadano permitió iniciar las diligencias para esclarecer posibles cobros a cambio de gestionar cargos públicos, títulos académicos y otros beneficios.

La alerta dio paso a la verificación de información

Según Neira, después de recibir la denuncia, la Fiscalía y la Policía contrastaron los datos y reconstruyeron la secuencia de los hechos. Ese trabajo buscó establecer cómo habría operado el esquema e identificar a las personas presuntamente relacionadas.

“Fiscalía y Policía verificaron y contrastaron la información, reconstruyeron la secuencia de los hechos, identificaron la posible dinámica de la actuación y a las personas presuntamente relacionadas”, sostuvo el portavoz.

Las diligencias se centraron en la presunta recepción de dinero por parte de un funcionario del Ministerio de Educación y en las gestiones que habría ofrecido realizar a cambio de esos pagos.

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Neira señaló presuntos pagos de entre $1.000 y $10.000

El portavoz de la Presidencia indicó que el principal investigado habría recibido entre $1.000 y $10.000 de varios ciudadanos para gestionar beneficios vinculados con cargos públicos y títulos académicos.

De acuerdo con su explicación, uno de los mecanismos investigados comenzaba con un acuerdo de pago para obtener un título. Después de la transferencia, el dinero habría sido retirado y entregado a un servidor público del Ministerio de Educación.

Esta descripción corresponde a la versión expuesta por Neira sobre las indagaciones. Los presuntos pagos y la participación atribuida a cada persona forman parte de los hechos que las autoridades buscan esclarecer.

El allanamiento se realizó en la matriz del ministerio

La intervención del 13 de octubre de 2026 se ejecutó con participación de policías, en coordinación con la Fiscalía, la Secretaría General de Integridad Pública y el Ministerio de Educación.

El principal investigado fue identificado como Roberto Cristóbal Ayala, quien trabajaba en el área de mantenimiento de la cartera de Estado.

Durante el operativo también fueron aprehendidos otros dos trabajadores: uno del área de servicios generales y otro de conducción. Ambos quedaron a disposición de las autoridades para las diligencias orientadas a determinar su posible relación con el caso, incluida la recepción de sus testimonios.

Reimberg describió las posibles funciones dentro del esquema

El ministro del Interior, John Reimberg, señaló que la presunta red habría cobrado hasta $5.000 por puestos de trabajo en escuelas y colegios públicos. También afirmó que Ayala habría manejado aproximadamente $1 millón en recursos económicos injustificados.

Según el ministro, los sospechosos habrían cumplido distintas funciones. Uno actuaría como contacto para captar a los interesados y ofrecerles los supuestos puestos, mientras otro se encargaría de recibir el dinero y distribuirlo entre los involucrados.

Las cifras expuestas por Reimberg y Neira se refieren a descripciones diferentes: el primero mencionó cobros por puestos de trabajo, mientras el portavoz incluyó también títulos académicos y otros beneficios.