Así operaba la presunta red que ofrecía cargos públicos dentro de Educación

Una investigación por presunta concusión dentro del Ministerio de Educación derivó en la detención de un funcionario para formulación de cargos y la retención de otros dos servidores para fines investigativos, en un caso que apunta a una supuesta red dedicada a cobrar miles de dólares a cambio de gestionar empleos y nombramientos en instituciones educativas.

Los procedimientos se realizaron este 13 de octubre de 2026, durante la operación denominada Minedec, que incluyó allanamientos en la sede del Ministerio de Educación en Quito y en dos viviendas vinculadas a los sospechosos.

Según las autoridades, la investigación comenzó tras una denuncia que alertó sobre posibles irregularidades en la asignación de cargos dentro del sistema educativo. A partir de esa información, agentes policiales y fiscales desarrollaron una indagación que se extendió por más de tres meses.

Cobros de hasta $5.000 por cargos públicos

De acuerdo con los datos preliminares de la investigación, los involucrados habrían solicitado entre $1.500 y $5.000 para facilitar el acceso a puestos de trabajo y nombramientos en establecimientos educativos.

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Las pesquisas apuntan a que existía una estructura que operaba dentro de la institución y que presuntamente obtenía beneficios económicos mediante la intermediación irregular de cargos públicos.

El ministro del Interior, John Reimberg, señaló que las indagaciones permitieron identificar a personas que presuntamente se favorecían económicamente de estos ofrecimientos.

"La investigación pudo determinar quiénes eran las personas que se estaban favoreciendo de dinero por la venta de estos cargos públicos", manifestó durante declaraciones a la prensa tras el operativo.

Un funcionario con movimientos financieros bajo la lupa

Entre los principales hallazgos figura el caso de un funcionario del área de mantenimiento del Ministerio de Educación, quien fue detenido para formulación de cargos.

Según informó Reimberg, las investigaciones identificaron movimientos económicos considerados injustificados por aproximadamente $1 millón.

"Fue una de las primeras alertas que tuvimos cuando vemos movimientos que superan el millón de dólares de un empleado de mantenimiento", afirmó el funcionario.

Además de Ayala, las autoridades retuvieron con fines investigativos a Ochoa, vinculado al área de conducción, y a Félix Aguilera Pablo, servidor de servicios generales. Los dos últimos rindieron versiones ante la Fiscalía mientras se determina su eventual participación en los hechos investigados.

Allanamientos y seguimiento policial

La operación incluyó tres allanamientos simultáneos: dos en domicilios de los investigados y uno en dependencias del Ministerio de Educación.

Durante las diligencias, los equipos de investigación buscaron documentación, dispositivos electrónicos y otros indicios que puedan aportar información sobre la presunta red.

Las autoridades también desplegaron equipos de vigilancia para evitar posibles fugas. Según Reimberg, uno de los sospechosos se movilizó antes de la ejecución de la operación, pero fue ubicado y detenido posteriormente. Con ello, los tres funcionarios señalados quedaron bajo control de las autoridades judiciales y policiales.

La investigación apunta a más involucrados

Aunque la operación se centró inicialmente en tres personas, las autoridades sostienen que la investigación continúa y podría ampliarse hacia otros actores presuntamente relacionados con la estructura.

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Según la información presentada por el Ministerio del Interior, los investigadores buscan identificar a quienes captaban interesados en obtener cargos públicos, así como a posibles responsables de recaudar y distribuir los pagos.

Las autoridades no han detallado hasta el momento cuántas personas habrían pagado por estos supuestos trámites ni cuántos nombramientos estarían bajo revisión.

Por ahora, la causa se investiga por el presunto delito de concusión, mientras la Fiscalía continúa recopilando evidencias para determinar el alcance de la red y establecer eventuales responsabilidades penales de los involucrados.