El ultimátum de la Can vence y abre una nueva fase jurídica entre Ecuador y Colombia

El plazo de diez días hábiles que la Comunidad Andina (CAN) dio a Ecuador y Colombia para retirar sus aranceles recíprocos venció el pasado 21 de mayo sin que ninguno de los dos países acatara las resoluciones.

Lejos de cerrar el conflicto, el vencimiento abre una nueva fase jurídica que podría extenderse por años y derivar en multas y devoluciones millonarias para ambos Estados.

Lo que se sabe, en buena parte de forma extraoficial: el Gobierno ecuatoriano presentó dos recursos de reconsideración ante la Secretaría General de la CAN y dos acciones de nulidad ante el Tribunal de Justicia del organismo, confirmó a Expreso una fuente del equipo negociador.

Uno de los recursos ya fue admitido a trámite y el segundo debe completarse hoy. "Principalmente para que la resolución sea revocada", explicó la fuente. 

El objetivo es echar abajo las resoluciones 2582 y 2581, que ordenan retirar la tasa de seguridad del 100% y levantar la restricción del Puente de Rumichaca como único paso terrestre habilitado.

Colombia no se queda quieta

Colombia estaría preparando una demanda de incumplimiento ante la Secretaría General de la CAN contra Ecuador, que podría presentarse en las próximas horas, según Olivia Díazgranados, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Colombo-Ecuatoriana de Industria, Comercio e Integración. 

Ecuador podría hacer lo mismo. "Ecuador obviamente hará lo mismo contra Colombia, porque igual no está cumpliendo. Es como una rueda: nos demandamos y no pasa nada", dijo.

La paradoja es evidente: ambos países violan las resoluciones de la CAN, pero ambos podrían activar el mismo mecanismo jurídico para denunciarse mutuamente por ese mismo incumplimiento. 

La demanda de incumplimiento es el instrumento que permite a un país miembro denunciar ante el organismo que otro viola el ordenamiento jurídico andino.

Tiene dos fases: una prejudicial ante la Secretaría General, y una judicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCAN). En la primera, la Secretaría emite un dictamen; si el país no acata, el caso escala al Tribunal.

El proceso completo tiene tres etapas. La primera ya se cumplió: la CAN se pronunció el 7 de mayo declarando ilegales los aranceles de ambos países. La segunda es la etapa de incumplimiento, en la que ambos podrían demandarse mutuamente. 

La tercera, si no hay acuerdo, escala al TJCAN, donde una sentencia puede tardar más de dos años.

El sector se entera por los medios

En el sector productivo, la jornada arrancó con incertidumbre. Gremios de transporte, bodegas y aduanas se enteraron de la movida jurídica por los medios de comunicación y esta mañana buscaban respuestas oficiales.

Óscar Obando, representante del gremio de trabajadores del sector, dijo que fue un conocido en la CAN quien le confirmó lo actuado por el Gobierno. 

El gremio espera que el conflicto se resuelva con rapidez, pues las operaciones en frontera llevan semanas prácticamente paralizadas.

Un respiro que llega hasta las elecciones

El plazo de 30 a 45 días hábiles que tiene la Secretaría para pronunciarse sobre los recursos no es un detalle menor, analiza Díazgranados: le da un respiro político al Gobierno ecuatoriano que se extiende más allá de las elecciones presidenciales en Colombia, previstas en diez días, y de una eventual segunda vuelta.

Si el nuevo gobierno colombiano tiene una orientación más pragmática frente al conflicto, el escenario podría cambiar antes de que el proceso jurídico avance a su segunda etapa. 

Los resultados de esa votación podrían ser el factor que incline la balanza hacia una negociación política, algo que el camino legal, por su lentitud, no garantiza.

Los argumentos jurídicos no son defendibles

Los argumentos jurídicos tampoco favorecen a Ecuador. "Técnicamente no hay forma de defenderlo", afirma Díazgranados. 

Tanto la tasa de seguridad como los aranceles de Colombia carecen de asidero jurídico frente al Acuerdo de Cartagena y frente a las constituciones de ambos países. 

"Solamente el legislativo está facultado para imponer tributos. Esto no es discrecional de los presidentes."

Marcelo Bodero, abogado de Bodero y Asociados y especialista en derecho supranacional andino, es contundente: el derecho andino está por encima de cualquier decisión nacional. 

Cuando la Secretaría General emite una resolución, el país debe acatarla de inmediato. "No hace falta que el Comex diga 'acepto la decisión'. Decide la Secretaría y se deja de cobrar, así de simple", dijo.

Lo que está en juego: $121 millones y un mercado

El riesgo no es solo jurídico. El Servicio de Rentas Internas (SRI) registra $121,5 millones recaudados por la tasa de seguridad entre febrero y abril, el período completo de vigencia de la medida hasta el mes pasado.

La recaudación creció mes a mes:

El salto de abril tiene una explicación concreta. El 9 de abril, el Senae anunció que la tasa subiría al 100% desde el 1 de mayo.

Esa ventana de tres semanas desató una carrera entre importadores que ingresaron mercadería a toda velocidad para liquidar sus despachos al 50% antes de que la tasa se duplicara. Ingresar antes del 1 de mayo significaba pagar la mitad.

El tráfico de camiones en el Puente Internacional de Rumichaca se intensificó en las últimas horas previas al cambio, según reportó Expreso. No fue la tasa la que infló abril: fue el volumen extraordinario de despachos anticipados.

El acumulado de $121,5 millones en tres meses ya supera ampliamente el precedente más cercano: en 2018, una tasa similar captó $28,1 millones en siete meses. Esta vez la cifra es cuatro veces mayor. 

Ese año el país retiró la tasa sin recuperar lo cobrado. Si Ecuador pierde ante el TJCAN, la historia podría repetirse, esta vez con intereses. "Yo creo que Ecuador va a cumplir, pero la resolución de la CAN no es clara respecto a las devoluciones. Ahí está el gran tema", advirtió Bodero.

Lo que se pierde, advierte Díazgranados, va más allá de las cifras.

"Detrás de construir un mercado hay inversiones, creación de empresas y acatamiento a normas sanitarias. Eso lo están perdiendo ambos países."