Recibir Coca Codo Sinclair con miles de fisuras sería "ilegal y perjudicial" para Ecuador

El futuro de la mayor hidroeléctrica del país, Coca Codo Sinclair (CCS), está en juego. El Gobierno, en menos de 10 días, deberá decidir si oficializa o no la recepción definitiva de este proyecto, entregado provisionalmente hace una década con fallas estructurales. Un traspaso con pendientes que, de llegar a ejecutarse podría resultar, a criterio de analistas, "ilegal y perjudicial" para el Estado ecuatoriano.

¿Por qué debe el Estado ecuatoriano hacer esta recepción definitiva?

En julio del año pasado, Ecuador anunció que PowerChina se encargará de la operación y mantenimiento de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, responsable de generar hasta el 25 % de la energía que requiere el sistema nacional interconectado. No obstante, el acuerdo implica que el Estado acepte su "recepción definitiva", tras renunciar al arbitraje que, por inconformidades de la obra, inició en mayo de 2021 contra Sinohydro, empresa subsidiaria de PowerChina, encargada de construir y poner en marcha la hidroeléctrica.

Tras el laudo, emitido el pasado 30 de marzo de 2026 por la Cámara de Comercio Internacional, Sinohydro solicitó formalmente al Gobierno  recibir en 15 días oficialmente la obra, un proceso que debería cumplirse hasta el 17 de abril de 2026, pero que abre desde ya el debate sobre lo conveniente o no que sería esto para las arcas fiscales; aun cuando el proyecto fue el blanco, en el 2019, de un examen especial de la Contraloría General del Estado, que determinó que CCS causó un perjuicio estatal de $ 165 millones, asociado a incumplimientos y fallas estructurales: más de 17.000 fisuras en la obra que hasta ahora no se han subsanado.

¿Se ha demostrado que es conveniente, que es más adecuado entregarle la operación a esta empresa (PowerChina), que hacerlo a través de la Celec?Ricardo Buitrón, consultor hidroeléctrico.

Expertos advierten posibles ilegalidades en la recepción

Para Ricardo Butrión, consultor en proyectos hidroeléctricos con 45 años de experiencia en este mercado, la exigencia de Power China supera el marco legal e institucional en el que se desarrollan los contratos públicos, puesto que el Estado no puede recibir una obra con aspectos pendientes importantes. "Especialmente los que tienen que ver con las fisuras que se presentaron en las tuberías de acero que conforman los bifurcadores que llevan el agua hacia las turbinas de generación, núcleo central del proyecto", dijo.

Buitrón señala que si el Gobierno desea ejecutar el acuerdo con Power China, primero debería resolver lo pendiente. "Aquí hay dos temas que debemos separar: el uno, la recepción de la obra, y la otra es este posible acuerdo para operación de la central. Dos aspectos diferentes que tienen que ser resueltos, a mi criterio, en forma diferente o al menos al unísono... De tal manera que el Gobierno y Celec puedan demostrar que estos acuerdos son legales y luego que son de beneficio para el país, algo que no se ha hecho. ¿Se ha demostrado eso, que es conveniente, que es más adecuado entregarle la operación a esta empresa, que hacerlo a través de la Celec? Al menos, de lo que yo tengo entendido, no ha habido una claridad suficiente para que el país conozca que esto es beneficioso", dijo.

Operación de la central: dudas sobre el rol de PowerChina

Como parte del procedimiento de recepción de la obra, Sinohydro explica que se deberá conformar una comisión entre Celec y Sinohydro para realizar una inspección final del proyecto. Según el documento, difundido por este Diario en días pasados,allí se establece que los defectos pendientes serán atendidos por un tercero bajo el contrato de operación, administración y mantenimiento (AOM), firmado en junio de 2025.

No obstante, no se especifica quiénes. Y ahí está el gran riesgo para Fernando Santos Alvite, exministro de Energía. "Lo que tiene que decir el acuerdo es que ellos mismos, Power China y Sinohydro, son los que van a hacerse cargo de estos daños, no es un tercero, son ellos mismos. Ahí estaría el error. Si se acepta este convenio, si se opta por una tercera compañía, debe ser parte de Power China porque ese es el acuerdo global, se recibe la obra y se les entrega en un segundo paso para que ellos operen".

Santos señala que esto debería determinarlo la misma comisión, que debería estar conformada por profesionales técnicos y no políticos, que deben tener como objetivo que estos daños sean resarcidos.

Santos recuerda que la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) fijó en $580 millones los daños estatales, los mismos que se quedarían cortos con los $400 millones que Ecuador, dijo el año pasado, habría acordado en primera instancia en un nuevo acuerdo con Power China.

EXPRESO ha enviado solicitud de información a Celec para conocer el desarrollo que llevaría este proceso, aun con las observaciones que el ente de control ha hecho al respecto. Aún se espera una respuesta. Contraloría respondió, por su parte, que sobre este tema "la Contraloría ya juzgó, emitió sus responsabilidades y esos procesos se ventilan en la justicia, están para resolución en ese ámbito".