El Niño amenaza el empleo en Ecuador: la OIT alerta sobre pesca, energía y construcción

Ecuador figura entre los países de América Latina más expuestos a los efectos de El Niño 2026-2027 sobre el empleo y la actividad económica. Así lo señala la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su nota de políticas El Niño 2026-2027 y el mundo del trabajo en América Latina y el Caribe, publicada el 27 de julio de 2026.

En este insumo la OIT advierte que las lluvias extremas, las inundaciones, el calentamiento del mar y la afectación a sectores como la pesca, la agricultura costera y la construcción podrían traducirse en pérdidas de ingresos, deterioro de las condiciones laborales e incluso un aumento del trabajo infantil.

Además, esta organización internacional identifica a Ecuador y Perú como los países con mayor vulnerabilidad en la costa del Pacífico sur. 

El organismo señala que la destrucción de infraestructura productiva, un eventual colapso de la actividad pesquera y la pérdida de activos de los trabajadores podrían afectar especialmente a los hogares más vulnerables. Además, el calor combinado con una elevada humedad incrementará el riesgo de estrés térmico para quienes trabajan al aire libre.

La OIT advierte también impactos en el sector eléctrico

La organización también advierte que Ecuador integra el grupo de países andinos con alta dependencia de la generación hidroeléctrica.

Así, refiere que si los caudales disminuyen por efecto del fenómeno climático, podrían aumentar los costos de la energía, reducirse la productividad de la industria y registrarse presiones inflacionarias. Incluso, eventuales restricciones eléctricas afectarían las condiciones de trabajo en fábricas y minas al limitar los sistemas de ventilación y enfriamiento.

Una cadena de impactos que llega hasta el empleo

La OIT sostiene que El Niño debe analizarse más allá de sus efectos meteorológicos. Según el documento, el fenómeno desencadena una cadena de impactos que comienza con la alteración de los patrones de lluvia y la disponibilidad de agua, continúa con afectaciones a la agricultura, la pesca, la energía y la logística, y termina repercutiendo en el empleo, los ingresos y las condiciones laborales.

El organismo prevé que la menor producción de alimentos y energía presione al alza los precios, reduzca el poder adquisitivo de los hogares y afecte principalmente a los trabajadores de menores ingresos, quienes destinan una mayor parte de su presupuesto a alimentos y servicios básicos.

Los trabajadores informales serán los más vulnerables

La OIT identifica a los trabajadores informales, rurales y quienes desarrollan actividades al aire libre como los grupos más expuestos. La razón es que suelen desempeñarse en sectores altamente sensibles al clima -como agricultura, pesca, construcción y comercio ambulante- y carecen de mecanismos de protección frente a la pérdida de ingresos.

Asimismo, advierte que el deterioro económico derivado de El Niño podría revertir los avances alcanzados en la reducción del trabajo infantil. La pérdida de ingresos familiares y la destrucción de medios de vida podrían llevar a más niños y adolescentes a incorporarse al mercado laboral, especialmente en zonas rurales.

El informe también alerta sobre el aumento de los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo. Las olas de calor previstas para amplias zonas de América Latina incrementarán los casos de estrés térmico, accidentes laborales y enfermedades, especialmente entre trabajadores de la agricultura, la construcción, la pesca y la gestión de residuos.

El impacto dependerá de la capacidad de respuesta de cada país

Aunque la OIT considera que El Niño 2026-2027 podría convertirse en un importante shock para el mercado laboral regional, aclara que sus efectos no están predeterminados. La magnitud del impacto dependerá de la fortaleza de las instituciones laborales, la cobertura de la protección social y la capacidad de los gobiernos para anticipar medidas de adaptación.

Por ello, recomienda implementar acciones en tres niveles: respuestas de emergencia, inversiones para fortalecer la resiliencia de la infraestructura y los sectores productivos, y reformas de largo plazo que amplíen la protección social, fortalezcan la inspección laboral y mejoren la coordinación entre las instituciones encargadas de la gestión del riesgo, la salud y el trabajo.